La integración de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) en la atención sanitaria tiene tanto defensores como detractores. Quienes la defienden, esperan que la tecnología ayude a gestionar las cadenas de suministro sanitario, vigilar los brotes de enfermedades, realizar diagnósticos, interpretar imágenes médicas e incluso reducir las diferencias de acceso a la asistencia compensando la escasez de personal sanitario. Frente a ellos, algunos profesionales alertan sobre aspectos que pueden ser conflictivos: cuestiones como el derecho a la intimidad, los prejuicios raciales y de género en los modelos, la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones de la IA, que podría dar lugar a errores en la atención a los pacientes, e incluso la posibilidad de que las compañías de seguros utilicen la IA para discriminar a las personas con mala salud.
Ante esta situación, una investigación de Lucia Vitale, doctoranda del Departamento de Política de la Universidad de Santa Cruz, ha hecho balance del panorama actual de promesas y temores, y establece que el impacto final de estas herramientas dependerá de la forma en que se desarrollen e implanten.
En un artículo publicado en la revista Social Science & Medicine, Vitale y su coautora, la doctoranda Leah Shipton, de la Universidad de Columbia Británica, realizaron un exhaustivo análisis bibliográfico de la trayectoria actual de la IA en la atención sanitaria. Sostienen que la IA está llamada a convertirse en el último de una larga serie de avances tecnológicos que, en última instancia, tienen un impacto limitado porque participan en una “política de evasión” que desvía la atención de problemas estructurales más fundamentales de la salud pública mundial, o incluso los agrava.
“Seguimos invirtiendo en estas balas de plata tecnológicas que no logran cambiar realmente la salud pública”
Como ha ocurrido en muchas intervenciones tecnológicas del pasado, la mayor parte de la IA que se está desarrollando para la salud se centra en el tratamiento de la enfermedad, ignorando los determinantes subyacentes de la salud. Por eso, las investigadoras temen que el bombo publicitario sobre herramientas de IA no probadas pueda distraer de la urgente necesidad de implementar intervenciones holísticas de baja tecnología pero basadas en la evidencia, como los trabajadores sanitarios comunitarios y los programas de reducción de daños.
“Ya hemos visto antes este patrón”, recuerda Vitale. “Seguimos invirtiendo en estas balas de plata tecnológicas que no logran cambiar realmente la salud pública porque no están abordando los determinantes políticos y sociales profundamente arraigados de la salud, que pueden ir desde cosas como las prioridades de la política sanitaria hasta el acceso a alimentos saludables y un lugar seguro para vivir”, añade.
También es probable que la IA continúe o exacerbe las pautas de daño y explotación que históricamente han sido habituales en la industria biofarmacéutica. Un ejemplo que se expone en el documento es que la propiedad y los beneficios de la IA se concentran actualmente en los países de renta alta, mientras que los países de renta baja o media con normativas débiles pueden ser el objetivo de la extracción de datos o la experimentación con el despliegue de nuevas tecnologías potencialmente arriesgadas.
El artículo realiza una predicción: “Los enfoques reguladores laxos de la IA continuarán dando prioridad a los derechos de propiedad intelectual y a los incentivos de la industria sobre el acceso público equitativo y asequible a nuevos tratamientos y herramientas”. Sus autoras sostienen que dado que los beneficios empresariales seguirán impulsando el desarrollo de productos, es probable que las empresas de IA sigan la tendencia a largo plazo del sector de la tecnología sanitaria de pasar por alto las necesidades de los más pobres a la hora de decidir en qué ámbitos invertir en investigación y desarrollo.
“Con la Inteligencia Artificial tenemos la oportunidad de corregir nuestra forma de gobernar las nuevas tecnologías”
La investigación destaca que la IA podría romper moldes y tener un mayor impacto si se centrara en mejorar el propio sistema sanitario. De esta forma, esta tecnología podría utilizarse para asignar recursos de forma más eficiente en los hospitales y para una selección más eficaz de los pacientes. Las herramientas de diagnóstico podrían mejorar la eficiencia y ampliar las capacidades de los médicos generalistas en pequeños hospitales rurales sin especialistas. La IA podría incluso prestar algunos servicios sanitarios básicos pero esenciales para colmar lagunas laborales y de especialización, como proporcionar revisiones prenatales en zonas con desiertos de maternidad cada vez mayores.
Gracias a estas aplicaciones se podría lograr un acceso más equitativo a la atención sanitaria, algo que dista mucho de estar garantizado. Dependiendo de cómo y dónde se desplieguen estas tecnologías, podrían suplir con éxito carencias de personal sanitario o llevar al desempleo o a la precariedad laboral a los trabajadores sanitarios existentes. “A menos que se aborden las causas subyacentes de la escasez de personal sanitario -incluido el agotamiento y la fuga de cerebros a países de ingresos altos-, las herramientas de la inteligencia artificial podrían acabar proporcionando diagnósticos o detecciones de brotes que, en última instancia, no son útiles porque las comunidades siguen careciendo de capacidad de respuesta”, sostiene la investigación.
Para maximizar los beneficios y minimizar los daños, las investigadoras defienden la necesidad de establecer una regulación antes de que la IA se expanda aún más en el sector sanitario. Las salvaguardias adecuadas podrían ayudar a evitar que la IA siga las pautas perjudiciales del pasado y, en su lugar, trazar un nuevo camino que garantice que los futuros proyectos se ajusten al interés público.
“Con la IA, tenemos la oportunidad de corregir nuestra forma de gobernar las nuevas tecnologías”, afirmó Shipton. “Pero necesitamos una agenda y un marco claros para la gobernanza ética de las tecnologías sanitarias de IA a través de la Organización Mundial de la Salud, las principales asociaciones público-privadas que financian y realizan intervenciones sanitarias, y países como Estados Unidos, India y China que acogen a empresas tecnológicas. Conseguir que esto se implemente va a requerir la defensa continua de la sociedad civil”, concluye.