Desde la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) ha habido un gran debate al respecto sobre su regulación para establecer límites legales y éticos a esta tecnología. Debido a esta necesidad, se estableció la nueva ley europea de IA con el objetivo de garantizar que estos sistemas sean seguros y respetuosos con los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, aunque la norma hace referencia a los servicios esenciales, algunas empresas más especializadas, como es el caso de ASHO, líder en asesoramiento hospitalario y codificación sanitaria, echan en falta una mención específica del uso de IA en el sector de la salud.
Es cierto que la ley contempla como "alto riesgo" los sistemas de IA que se utilicen en productos sujetos a la legislación de la UE sobre seguridad de los productos, incluyendo los dispositivos médico. Sin embargo, no existe una sección específica sobre la aplicación de la IA en el conjunto del sector sanitario. “Durante los próximos años veremos cómo la sanidad será una de las áreas donde la aplicación de herramientas de inteligencia artificial tendrá más beneficios y servirá para mejorar la precisión, eficiencia y calidad de la atención médica, por lo que es necesario establecer una normativa clara sobre este sector”, afirmó Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO.
“Es fundamental empezar a crear las estructuras necesarias para su cumplimiento en el propio territorio europeo"
Por su parte, Juli Climent, el director del área de Inteligencia Artificial de ASHO, resalta cómo “la IA nos ayuda a agilizar y reducir el tiempo invertido en recabar datos e interpretar resultados”. Así como, "monitorizar y ofrecer tratamientos personalizados que puedan cambiar radicalmente el modo en el que concebimos la medicina”.
De esta manera, Climent considera “muy positiva” la creación de un organismo europeo destinado a velar por el cumplimiento y la actualización de lo que corresponde un riesgo o no en IA. Un paso necesario “y más aún teniendo en cuenta la creación de un foro consultivo mediante el cual la sociedad civil en su conjunto, así como las pymes, puedan expresar sus preocupaciones e intereses”, añade.
El objetivo de la UE es que esta norma se expanda a nivel internacional y esta entraría en vigor en 2026. Sin embargo, “es fundamental empezar a crear las estructuras necesarias para su cumplimiento en el propio territorio europeo y, posteriormente, aplicarlo en el resto del mundo”.
Dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa, el incumplimiento de esta ley en la UE implicará multas que oscilan entre los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global y los 7,5 millones o el 1,5% de la facturación.