El escándalo del macroproceso de iDental ha arrastrado en su agónica caída a miles de personas. Y es que, iDental ha puesto "patas arriba" el sector odontológico en España. El cierre sucesivo de las clínicas de iDental hace unos meses dejó a miles de pacientes colgados por toda España: tratamientos inacabados, financiación, mala praxis, problemas con los créditos, falta de garantías, infecciones y pacientes con graves secuelas…
Durante todo el macroproceso, los afectados no han parado de reivindicar sus derechos. Ahora, cansados de esperar soluciones que aseguran que no llegan, la asociación Adafi-Alicante, ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Alicante "la dejadez y el silencio" de cargos públicos, técnicos y administraciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, la dirección general de sanidad de la provincia de Alicante, la Conselleria de Sanidad Universal y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
"Denunciamos por la inacción mostrada por los organismos encargados de la vigilancia de estas clínicas privadas y de los profesionales que en ellas operaban, así como por la ineficacia de los procedimientos establecidos tras el cierre de las clínicas, que el objetivo de estos organismos es no asumir ninguna responsabilidad en lo ocurrido y para ello se intenta agotar y aburrir a los afectados, eximiéndose de cualquier posible actuación y presentando este problema sanitario y de consumo como si no tuviera solución", han señalado en un comunicado.
Los afectados denuncian la "clara dejación" de las funciones de las administraciones públicas competentes
Es por estos motivos, según han indicado por lo que "los afectados nos hemos tenido que organizar para ayudar e informar a los damnificados que a diario contactan con la asociación, que presentan graves problemas derivados de la interrupción de sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas fallidas, rotura de piezas y de prótesis, infecciones continuas y un largo etcétera".
Desde la asociación también han advertido del "elevado" deterioro emocional y psicológico del colectivo de afectados, con un gran número de personas con diagnósticos de depresión y ansiedad al verse tan limitada su vida social y laboral.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Alicante se mencionan a más de una veintena de cargos públicos relacionados con Sanidad, Consumo y Administración local, entre los que cabe destacar al alcalde de Alicante, José Luis Barcala Sierra; al alcalde de Elche, Carlos González Serna; la concejal de Salud, Marisa Gayo Madera; la directora territorial de Sanidad de Alicante, Encarna Llinares Cuesta; la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló Chico; la directora de Alta Inspección Sanitaria, María Victoria Garrido Manzano e incluso a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo Robles.
La denuncia, además de en Alicante, también se ha presentado en Girona, Madrid y Oviedo y, en los próximos días, también se presentará en Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Tarragona.
Y es que, tal y como viene informando este medio, los afectados por esta problemática tienen una enorme preocupación por, según han apuntado, "la clara dejación de las funciones de las administraciones públicas competentes".
Según han afeado, "las administraciones siguen evaluando este tema como si los afectados fueran clientes al uso y no acaban de asumir que el problema de salud tanto en el ámbito público como en el privado es un problema de las consejerías de Salud prioritariamente".
"La vulneración de los derechos ciudadanos relacionado con este tema particular es cada vez más grave, no hablamos de vulnerabilidad de consumidores que han sufrido un fraude masivo, estamos hablando de pacientes que acuden a servicios sanitarios y además de ser estafados económicamente han sufrido lesiones físicas y psicológicas, en algunos casos irreversibles", han espetado.