Una clínica dental en Baracaldo (Vizcaya) ha cerrado sus puertas de forma unilateral y sin previo aviso a sus pacientes. Hasta octubre de 2018, esta clínica pertenecía a la franquicia Caredent pero, al parecer, desde entonces está en manos de Naturdental Plus, cuyo administrador único es E.G.S.
Esto ha provocado las quejas de decenas de pacientes que han visto cómo sus tratamientos se quedaban sin finalizar a pesar de haberlos pagado o financiado. Tal y como ha informado el Colegio Oficial de Dentistas de Vizcaya (CODBI), los pacientes tienen derecho a acceder a sus historias clínicas y a que sus tratamientos sean finalizados en las mismas condiciones en que fueron contratados, sobre todo, si se han cobrado previamente o a través de financieras.
De hecho, varios afectados ya se han acercado a la sede colegial para poner una reclamación y pedir información sobre las actuaciones que deben llevar a cabo. Del mismo modo, los trabajadores de la clínica han acudido al CODBI para poner una queja y exponer su situación para emprender las acciones legales necesarias. Por su parte, el Colegio ya ha informado de lo ocurrido a la Consejería de Sanidad del País Vasco, que ha corroborado el cierre del centro.
El cierre ha provocado las quejas de decenas de pacientes que han visto cómo sus tratamientos se quedaban sin finalizar a pesar de haberlos pagado o financiado
Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, ha insistido en que situaciones como esta seguirán ocurriendo si la Administración no toma las medidas oportunas. "A pesar de nuestras advertencias y de todo lo ocurrido con iDental, con casi medio millón de afectados en toda España, muchas clínicas dentales corporativas con la misma estructura se siguen expandiendo y publicitando en nuestro país sin ningún tipo de control", ha dicho Castro, quién además, ha añadido que "son centros que están en manos de empresarios ajenos a la Odontología y que anteponen su interés económico sobre la salud de los pacientes". "Son sociedades mercantilistas que, al no estar dirigidas por dentistas, escapan al control de los Colegios de Dentistas y del propio Consejo", ha recalcado.
En esta misma línea han reiterado que "esta situación se evitaría si la administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé que las organizaciones colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados".
También, han apostillado, urge una regulación estatal de la publicidad sanitaria para que la información que se difunda sea veraz y comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda a los ciudadanos con mensajes engañosos.
"Desde el Consejo General de Dentistas seguiremos presionando a la Administración para que se lleven a cabo las medidas que hemos solicitado y así impedir que se repitan escándalos sanitarios como los que estamos viendo. Asimismo, pedimos a las autoridades competentes que amparen a los pacientes estafados por este tipo de clínicas", ha zanjado el doctor Castro.