El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de La Mata, encargado del caso de iDental, ha propuesto juzgar a 35 personas por organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales entre los que se encuentra la cúpula de iDental.
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, estas pesquisas versan sobre delitos económicos y el juez ha procesado, por un lado, a la organización dedicada a obtener financiación de Bankia para invertir en empresas y enriquecerse con los préstamos obtenidos en perjuicio del inversor y, del otro, los delitos económicos que se habrían cometido en las operaciones fraudulentas relacionadas con el Grupo iDental.
Se trata, en suma, de dos organizaciones criminales diferentes que han desarrollado distintas actividades delictivas y que coincidieron cuando la primera, encabezada por Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, vendió iDental a la segunda, que lideraban Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López.
Los primeros contaban también con Sandra Berenguer, Enrique Gumiel y Elena Llaneza y a todos se les propone enviar a juicio. Ellos fueron quienes constituyeron el Grupo iDental, así como toda la estructura societaria derivada del mismo, y quienes lo gobernaron hasta la entrada de Sans y los hermanos Garrido, quienes, a su vez, contaban con otras personas con distintos niveles de responsabilidad.
La estrategia fraudulenta consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes a precios irrisorios
El auto del juez De la Mata explica que la estrategia fraudulenta consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes a precios "irrisorios", con pleno conocimiento de la incapacidad de la compañía para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, a quienes hacían creer que pagaban menos porque parte del elevado coste de los tratamientos estaba subvencionado por instituciones públicas.
Una vez captado el cliente se le presionaba de forma "muy agresiva" para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo para obtener de golpe el importe íntegro del tratamiento por parte de la entidad que lo financiaba. Así, “el objetivo era captar el mayor número de clientes y más recursos económicos con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido”.
Además, en el contrato que firmaba el cliente con iDental existía una cláusula por la que si realizaba una devolución del tratamiento tendría que pagarlo a precio de mercado, es decir, con la estimación inicial sin los supuestos descuentos que le ofrecían y que estaba “inflada”. “Se dejaba atrapado al paciente, que se veía obligado a continuar con los pagos del crédito”, indica el juez.
Este sistema se desarrolló durante la primera etapa, la de Pellicer y Castañer, y se mantuvo “exactamente” con Sans y los hermanos Garrido una vez compraron el negocio.