La justicia empieza a ponerse de lado de los afectados por iDental. La compañía de clínicas low cost tendrá que pagar 26.312 euros a una paciente asturiana por los daños y perjuicios sufridos tras una operación bucal llevada a cabo en la clínica de Gijón, ha informado el diario La Nueva España.
El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón también ha responsabilizado al odontólogo que la operó por mala praxis. La afectada acudió a la clínica en marzo de 2016. Allí, tras una exploración bucal, contrató dos planes de tratamiento dental, primero uno que incluía limpieza, elevación de seno, implantes quirúrgicos y reendodoncia y, posteriormente, varias actuaciones odontológicas repartidas en diferentes intervenciones.
Fue entonces cuando al poco de ser intervenida por el doctor ahora condenado, la paciente comenzó a sentir fuertes dolores en la boca.
iDental se enfrenta a delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, entre otros
La paciente acudió a la clínica debido a los fuertes dolores pero no le dieron ninguna solución por lo que fue al Hospital de Cabueñes donde le diagnosticaron una fuerte infección en el seno debido a que, según confirmó el informe pericial, la intervención no se había realizado con buena praxis.
iDental se enfrenta a delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Y es que, el escándalo cada vez es mayor y después de numerosas protestas por parte de los miles de afectados de toda España y de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenara el registro de 19 oficinas de iDental en ocho comunidades autónomas hace poco más de un mes, hace unos días alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional han registrado 23 clínicas de iDental, entre ellas la sede principal de la compañía ubicada en el municipio madrileño de Rivas, para incautarse de equipos informáticos, recopilar pruebas para devolvérselas a los pacientes afectados y elaborar un inventario de activos.
El cierre sucesivo de los centros ha dejado a más de 400.000 pacientes colgados con tratamientos inacabados, problemas con los créditos, y muchos de ellos con infecciones y graves secuelas.