Los centros Único entran en concurso de acreedores: 115 establecimientos afectados

El Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha declarado el concurso voluntario de los centros Único, disolviendo las sociedades, mientras asociaciones de consumidores como Facua y Adicae se movilizan para defender a los afectados

Centro Único (Foto: Twitter)
Centro Único (Foto: Twitter)
20 septiembre 2024 | 13:00 h
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Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado que las empresas dueñas de los centros de depilación láser y medicina estética, Único, han entrado en concurso de acreedores. En concreto, las compañías que entran en este proceso son la Gavia Asesores, la Gavia Asesores Médico, Mosea Investments, la Gavia Asesores Ayala y la Gavia Tenerife, la Gavia Londres.

En este contexto, las empresas han reconocido tener un total de 115 centros de depilación láser y medicina estética bajo la marca Único repartidos por todo el territorio nacional, de los cuáles el 78% son propios y el 22% de franquiciados, según recoge Europa Press de un comunicado Facua-Consumidores en Acción.

De momento, este concurso de acreedores afecta solo a los centros propios, por lo que podría haber franquicias que puedan seguir abiertas ofreciendo sus servicios.

Con todo, Facua aconseja a los afectados que identifiquen en sus contratos con cuál de estas empresas realizaron la contratación.

DECLARADO CONCURSO VOLUNTARIO

En un edicto del pasado 13 de septiembre, el Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid, declaró el concurso voluntario de los centros de depilación Único y acordó la disolución de las sociedades, así como el cese de los administradores de las mercantiles quienes son sustituidos, a todos los efectos, por la administración concursal.

De este modo, los acreedores tienen un mes de plazo a partir de mañana, 21 de septiembre, para comunicar a la administración concursal los créditos --las cantidades pagadas y no disfrutas en tratamientos-- que tuviesen con los centros Único. 

En este contexto, Facua ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. Así, apunta la que, a su juicio, debería ser la medida "más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía", ha señalado la organización.

Ante esta situación, la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) se ha sumado a la defensa de todos aquellos afectados por el cierre de los centros Único, como hizo anteriormente con los centros Ideal.

Adicae hace un llamamiento para que ningún damnificado se quede sin reclamar

Los consumidores que hayan financiado el tratamiento a través de un préstamo vinculado podrán pedir a la finaciera con la que han suscrito el crédito, la "inmediata" paralización del mismo y la devolución del importe abonado por servicios no prestados, siempre que se haya dejado de prestar de forma efectiva el servicio y se haya reclamado previamente de forma judicial o extrajudicial a centros . por otro lado, los consumidores que hayan financiado el tratamiento con un préstamo personal no vinculado deberán avisar a la entidad financiera para modificar el contrato y evaluar el pago de las cuotas pendientes.

Finalmente, los que pagaron el tratamiento por adelantado, sin recurrir a financiación, tendrán que solicitar judicialmente la devolución de los importes correspondientes a los servicios no realizados. En estos casos, será fundamental contar con toda la documentación que acredite los pagos realizados y los tratamientos pendientes de ejecución.

Adicae reitera su compromiso en la defensa de los derechos de los consumidores y hace un llamamiento para que ningún damnificado se quede sin reclamar, al tiempo que se ha puesto a disposición de todos los afectados para ofrecer orientación y asesoramiento legal y acompañar a los afectados en todo el proceso de reclamación.

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