La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado este martes el visto bueno a una sentencia de 302 millones de dólares (300 millones de euros) contra Johnson & Johnson en una demanda presentada por el estado de California que acusa a la compañía de ocultar los riesgos de su producto de malla pélvica.
Según informa la agencia de noticias Reuters, Johnson & Johnson había argumentado ante el Alto Tribunal que las leyes estatales de protección al consumidor como la de California exponen a las empresas a demandas impredecibles. No en vano, la Cámara de Comercio se mostró favorable a la visión de la compañía.
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha calificado la decisión de la Corte como "una victoria definitiva en nuestra lucha por la justicia"
Sin embargo, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha calificado la decisión de la Corte como "una victoria definitiva en nuestra lucha por la justicia". Desde Johnson & Johnson, por su parte, han expresado en un comunicado que la decisión judicial conducirá a una continua "aplicación desigual, poco clara e injusta que perjudica tanto a los consumidores como a las empresas".
Atendiendo a detalles concretos, California demandó a Johnson & Johnson, con sede en Nueva Jersey, en el Tribunal Superior de San Diego en el año 2016. El caso surgió de una investigación multiestatal sobre la comercialización de dispositivos de malla pélvica por parte de Ethicon Inc, subsidiaria de Johnson & Johnson, que son implantes quirúrgicos que se usaron para tratar la incontinencia y otras afecciones relacionadas.
En el año 2019, la Agencia Americana del Medicamento ordenó que todos los dispositivos de malla pélvica fueran retirados del mercado
La compañía, que dejó de vender malla pélvica en 2012, ha negado haber actuado mal. No obstante, en el año 2019, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés Food and Drug Administration) ordenó que todos los dispositivos de malla pélvica fueran retirados del mercado.
Durante ese mismo año, Johnson & Johnson y Ethicon llegaron a un acuerdo de 117 millones de dólares con 41 estados y el Distrito de Columbia para resolver las reclamaciones sobre la ocultación de los riesgos de los productos. California no participó en ese acuerdo y su demanda acabó convirtiéndose en una sentencia de 344 millones de dólares en enero de 2020 tras la celebración de un juicio sin jurado. Finalmente, una corte de apelaciones de California recortó, el año pasado, 42 millones de la citada adjudicación.