Tras la declaración de bancarrota de la empresa de pruebas genéticas 23andMe, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha instado públicamente a los clientes de la compañía a proteger su información genética. La preocupación gira en torno al futuro incierto de los datos almacenados por la empresa y el riesgo de que puedan ser vendidos a un nuevo propietario sin las garantías adecuadas de privacidad.
Desde que 23andMe anunció su quiebra el pasado domingo, miles de usuarios han comenzado a eliminar sus cuentas y retirar el consentimiento que habían dado previamente para el uso de su ADN y muestras de saliva. La situación ha generado un aumento de tráfico en el sitio web, que el lunes experimentó problemas y retrasos, aunque la empresa asegura que ya se han resuelto.
Las acciones de 23andMe han sufrido un fuerte desplome: el lunes cayeron un 59% y el martes un 11% adicional, cerrando en 65 centavos. La compañía, conocida por ofrecer información genética y de ascendencia a través de pruebas de saliva, ha visto una fuerte caída en la demanda de sus servicios. El temor de los clientes se centra ahora en cómo se gestionará su información genética tras la quiebra.
Los clientes pueden modificar sus preferencias en la configuración de sus cuentas y retirar el consentimiento
Uno de los principales focos de preocupación es la posible venta de la base de datos genética de la empresa, que contiene información de más de 15 millones de personas. La propia fiscal James ha recordado que los clientes pueden modificar sus preferencias en la configuración de sus cuentas y retirar el consentimiento previamente otorgado, incluso si permitieron el uso de sus datos con fines de investigación.
23andMe ha afirmado que el proceso de bancarrota no afectará la forma en que se almacenan o protegen los datos de los clientes y que cualquier cambio sustancial en su política de privacidad requeriría un aviso previo. Sin embargo, las dudas persisten, especialmente ante la falta de claridad legal sobre las obligaciones de un posible comprador respecto a la información ya recopilada.
A esta preocupación se suman precedentes recientes: en 2023, una violación de datos expuso información de 6,9 millones de usuarios. Aunque la empresa alcanzó un acuerdo para pagar 30 millones de dólares y ofrecer tres años de monitoreo de seguridad, este acuerdo no ha sido aprobado aún por el tribunal competente.
Con la quiebra de la empresa, los datos genéticos almacenados se convierten en un activo valioso susceptible de ser vendido, lo que plantea importantes interrogantes éticos y legales. La fiscal general de California, Rob Bonta, también ha aconsejado a los clientes eliminar sus datos, sumándose a las advertencias sobre la gestión futura de esta información tan sensible.