La publicidad de medicamentos es un tema delicado y altamente regulado en Europa, donde la protección del consumidor y la promoción del uso racional de los medicamentos son prioritarias. En este contexto, la normativa europea establece un marco rígido que restringe severamente la publicidad de medicamentos de venta con receta.
Para profundizar en estas cuestiones, en Salud35 hemos entrevistado a Alberto León Acero, profesor de Organización y Gestión de la Industria Farmacéutica en el grado de Farmacia de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), quien nos ofrece una visión detallada sobre los mecanismos de autorregulación en el sector farmacéutico, las estrategias gubernamentales para evitar publicidad engañosa y cómo estas regulaciones afectan a la competitividad y la innovación en la industria.
¿Cuáles son las restricciones específicas impuestas por las regulaciones europeas para la publicidad de medicamentos de venta con receta?
La normativa europea regula claramente la publicidad de medicamentos de prescripción, incluyendo apartados como la prohibición de publicidad directa al consumidor (DTC por sus siglas en inglés), siendo únicamente permitida la promoción a profesionales sanitarios y a través de canales dirigidos exclusivamente a este colectivo.
Además, la industria farmacéutica sólo podrá realizar publicidad de fármacos una vez concedida la autorización de comercialización del producto. Toda la información tiene que ajustarse al contenido de la ficha técnica y debe promover el uso racional, ser objetiva y veraz. Adicionalmente, la regulación también limita las actividades de los laboratorios farmacéuticos en materia de visita médica, participación en eventos científicos y todo tipo de relación con los prescriptores.
¿Qué estrategias están implementando los gobiernos europeos para proteger a los consumidores de publicidad engañosa o potencialmente perjudicial de medicamentos, y cuál es la efectividad percibida de estas estrategias según estudios recientes?
Los estados miembros velan para que existan métodos adecuados y eficaces que controlen la publicidad de medicamentos, y confieren a las autoridades competentes la capacidad para actuar, intervenir y ordenar la retirada de la publicidad que no cumpla con la normativa. Por su parte, los titulares de la autorización de comercialización del medicamento deberán tener a disposición de las autoridades una copia de todos los materiales de promoción.
En este sentido, tanto las administraciones nacionales como las europeas están trabajando en la actualización de la legislación farmacéutica. En España, el Real Decreto que regula la publicidad de medicamentos de uso humano está en pleno proceso de cambio y actualización.
El sector dispone de mecanismos de autorregulación a través de un código de buenas prácticas
Es evidente que la regulación de la publicidad que realiza la industria farmacéutica es muy estricta, y especifica, concretamente sobre qué información puede incluirse en dicha publicidad. Además, el sector dispone de mecanismos de autorregulación a través de un código de buenas prácticas supervisado por una comisión deontológica para garantizar su cumplimiento.
También es cierto que la regulación actual no está bien adaptada al contexto actual de las comunicaciones digitales. Uno de los principales retos en esta materia es definir la capacidad de intervención por parte de las agencias reguladoras ante la promoción de medicamentos en redes sociales a través de personas influyentes, para evitar el uso de información incompleta o errónea. Conviene además desarrollar, de forma complementaria, una estrategia de educación e información a los usuarios para identificar información falsa.
¿Cómo influye la regulación de la publicidad de medicamentos en Europa en la competitividad y la innovación dentro de la industria farmacéutica?
En mi opinión, el cumplimiento de esta normativa en materia de publicidad por parte del sector farmacéutico no interfiere en la capacidad competitiva y de innovación. Más bien al contrario, permite a la industria centrarse en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas y en demostrar la eficacia, seguridad y calidad de sus productos. Los cambios normativos que espera el sector se centran en el desarrollo de un marco normativo que facilite el acceso al mercado de la innovación terapéutica, la protección de la propiedad intelectual y la inversión en I+D.