El fabricante de medicamentos Pfizer ha dicho recientemente que, a medida que finalicen los contratos con el Gobierno de los Estados Unidos, algo que se prevé a principios del próximo año, su vacuna contra la COVID-19 se venderá entre los 110 y los 130 dólares por dosis.
Según informa la CNN, este nuevo escenario de precios se debe, en esencia, a mayores costes de distribución, así como a un cambio esperado de viales de dosis múltiples a viales de dosis única. Según precisan, este es el "precio de lista comercial", pero la compañía dice que no prevé que la mayoría de la ciudadanía tenga que pagar el incemento de su bolsillo.
La empresa advierte que el precio de la vacuna podría variar cuando la distribución y el reembolso de las vacunas pasen de los contratos gubernamentales al sistema de atención médica estándar, en el primer trimestre de 2023
En este sentido, Pfizer ha destacado su programa de asistencia al paciente, que pone sobre la mesa ayuda a las personas sin seguro para vacunarse. Por el momento, las vacunas frente a la enfermedad están disponibles de forma gratuita. La empresa advierte que el precio de la vacuna podría variar cuando la distribución y el reembolso de las vacunas pasen de los contratos gubernamentales al sistema de atención médica estándar, en el primer trimestre de 2023.
Es preciso destacar que un análisis publicado por Kaiser Family Foundation ha subrayado que, sin los citados fondos o protecciones adicionales, la comercialización de medidas preventivas y contra el COVID-19 creará barreras de acceso a vacunas, pruebas y terapias, especialmente para las personas sin seguro y con seguro insuficiente.
Dos cambios clave conducirán a la comercialización: el final de la declaración de emergencia de salud pública del Gobierno liderado por Joe Biden, y el agotamiento del suministro comprado por el Ejecutivo federal. Cada cambio crea sus propios trastornos y, en conjunto, "pueden amplificar los desafíos de acceso", precisa el análisis.
El objetivo es evitar una situación como la del pasado invierno, cuando hubo una escasez de pruebas debido a la falta de anticipación para la variante Delta
Aún así, ninguno de los cambios se ha producido. la declaración de emergencia de salud pública fue renovada la semana pasada por otros 90 días. Sin embargo, el Congreso aún tiene que actuar sobre la solicitud de la Administración Biden de miles de millones más en fondos para garantizar un suministro constante y accesible de contramedidas de la COVID-19.
El objetivo es evitar una situación como la del pasado invierno, cuando hubo una escasez de pruebas debido a la falta de anticipación para la variante Delta, "Independientemente de si íbamos a obtener fondos de la COVID-19, eventualmente íbamos a tener que hacer esta transición en algún momento. Parte de la solicitud de Covid hace que esto sea un poco menos accidentado", añade.