Según informan desde Reuters, la versión preliminar del acuerdo respaldado por la OMS que está siendo negociado por los 194 países miembros de la agencia de la salud de la ONU, exige a las compañías farmacéuticas revelar los precios y acuerdos de cualquier producto que fabriquen para combatir futuras emergencias sanitarias.
Una de las razones por las que apoyan esta medida se debe a que creen que la financiación pública para el desarrollo de vacunas y tratamientos tiene que ser más transparente y garantizar que los productos se distribuyen de manera uniforme en todo el mundo.
Durante la pandemia, muchos acuerdos que los gobiernos hicieron con las compañías farmacéuticas fueron confidenciales, por ello, con el objetivo de evitar que la próxima crisis de salud global sea tan devastadora como la Covid-19 tratan de mejorar la respuesta y tener una mayor comunicación con medidas como estas. Una portavoz de la OMS recalcó que los estados miembros son los que están impulsando el proceso actual y que otras partes interesadas como el público, “pueden enviar comentarios en las consultas públicas”.
Después de 10 meses de negociaciones y tras haber dado un importante paso en junio, no se espera que se haga efectivo hasta el año 2024
A pesar de la importancia de una medida como esta, el acuerdo todavía se encuentra en una etapa inicial, por lo tanto faltan muchos matices por concretar y las ideas secundarias pueden cambiar durante su curso de negociaciones. Los puntos que sí aparecen en el borrador pasan por reconocer la importancia de mejorar mecanismos para compartir la experiencia y conseguir que más empresas puedan producir vacunas durante una crisis, además de proponer un mecanismo de revisión para evaluar la preparación ante pandemias de los países.
"El borrador es en realidad de gran alcance y audaz. Sin embargo, los obstáculos son la oposición política y el retroceso de la industria", resumió para Reuters, Lawrence Gostin, profesor de Derecho de Georgetown en Washington DC.
Después de 10 meses de negociaciones y tras haber dado un importante paso en junio en el que los países acordaron hacer que el nuevo acuerdo fuera legalmente vinculante a pesar de las reservas anteriores de Washington, no se espera que se haga efectivo hasta el año 2024.