Una división de la empresa de publicidad francesa Publicis Groupe y la compañía farmacéutica Hikma Pharmaceuticals han llegado a acuerdos separados por un valor colectivo de 500 millones de dólares (459 millones de euros) para resolver las acusaciones de su vinculación a la terrible crisis de los opioides que se vive desde hace décadas en los Estados Unidos. Estos se unen a los más de 50 mil millones de dólares (45.900 millones euros) que ya han pagado desde diferentes fabricantes de medicamentos y distribuidores.
En el caso de Publicis Health, subsidiaria de Publicis Groupe, pagarán 350 millones de dólares (321 millones de euros) para resolver las reclamaciones de todos los estados y territorios de EE.UU, por su ayuda al fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, en el diseño de estrategias de marketing para impulsar las ventas de su analgésico.
"La lucha contra la crisis de opioides en Estados Unidos requiere la colaboración entre industrias, legisladores y comunidades, y estamos comprometidos a desempeñar nuestra parte"
Desde Publicis han negado en numerosas ocasiones haber actuado mal, y calificaron el caso de Massachusetts como un intento sin precedentes de demandar a una agencia de publicidad por la comercialización de ciertos productos. Finalmente, en un comunicado señalan que 343 millones de dólares (314 millones de euros) del acuerdo se destinarían a los esfuerzos estatales de ayuda a los opioides, y el resto cubriría los honorarios legales. "La lucha contra la crisis de opioides en Estados Unidos requiere la colaboración entre industrias, legisladores y comunidades, y estamos comprometidos a desempeñar nuestra parte", recalcaron.
Por parte de Hikma, han alcanzado un acuerdo para resolver las reclamaciones de estados y localidades por 150 millones de dólares (137 millones de euros), que consisten en 115 millones en efectivo y 35 en naloxona, el medicamento por excelencia para el tratamiento de la adicción a opioides. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, indicó que el pacto resuelve las acusaciones de que el fabricante de medicamentos genéricos de 2006 a 2021 no supervisó los pedidos sospechosos de opioides de distribuidores potencialmente ilegales.
La empresa se enfrentaba a más de 900 demandas derivadas de la crisis, de las que la mayoría, según Hikma, serían resultas con el paso del tiempo. Ahora, los estados que no acepten la naloxona deberán recibir una compensación económica por los daños causados.