Su papel en la crisis de opiáceos en Estados Unidos está pasando factura a los distribuidores de medicamentos McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health y de nuevo tendrán que pagar más de 250 millones de dólares (239,13 millones de euros) por las demandas de opiáceos tras un acuerdo con el estado de Oklahoma.
Según recoge Reuters y tal y como ha explicado el fiscal general de Oklahoma, John O'Connor, el acuerdo también incluye a la compañía Johnson & Johnson a quién el estado también demandó en noviembre del pasado año.
Los distribuidores de medicamentos han negado haber actuado mal en la epidemia, que ha causado más de 500.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos durante las últimas dos décadas, según datos del gobierno estadounidense.
El estado de Oklahoma acusa a las tres compañías de no evitar que las píldoras recetadas se desviaran para uso ilegal
De hecho, AmerisourceBergen ha insistido en que los distribuidores de medicamentos "se han visto obligados a caminar por la cuerda floja legal y ética sin una guía regulatoria más clara sobre cómo proteger a los consumidores de los fármacos legales pero potencialmente peligrosos".
"Un acuerdo evitará años de litigios prolongados, acelerará el movimiento de recursos a las comunidades afectadas por el uso indebido de opioides y permitirá a nuestra compañía hacer lo que mejor sabemos hacer: garantizar que las instalaciones de atención médica como hospitales y farmacias comunitarias tengan acceso a los medicamentos que los pacientes y los proveedores de atención necesitan", han señalado a la agencia de noticias Reuters desde AmerisourceBergen.
Por el momento, McKesson y Cardinal Health se mantienen en silencio y no han hecho ningún comentario al respecto.
A finales del pasado mes de abril, los distribuidores de medicamentos tuvieron que desembolsar otros 518 millones de dólares (491,87 millones de euros) tras llegar a un acuerdo con el estado de Washington.
McKesson pagó 197 millones de dólares (187 millones de euros), mientras que AmerisourceBergen y Cardinal Health desembolsaron cada uno 160,5 millones de dólares (151,93 millones de euros).
El estado acusó a las tres compañías de no evitar que las píldoras recetadas se desviaran para uso ilegal durante un juicio que comenzó en noviembre y aseguró que continuaría presentando demandas contra las empresas que contribuyeron a la crisis de los opiáceos y espera ir a juicio contra Johnson & Johnson en septiembre.