Las farmacéuticas evitan un juicio histórico por opiáceos tras un posible acuerdo de 43.000 millones

Las compañías han sido acusadas de alimentar una crisis nacional de opiáceos, según los datos, unas 400.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos entre 1997 y 2017 estuvieron relacionadas con los opiáceos.

Los fabricantes de medicamentos impulsan un fondo para impulsar a las compañías de antibióticos
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Los distribuidores de medicamentos AmerisourceBerge, Cardinal Health y McKesson y la compañía farmacéutica Teva podrían reanudar las conversaciones y tratar de llegar a un acuerdo de pagar 48.000 millones de dólares (43.177 millones de euros) debido a todos los litigios de opiáceos en su contra.

Las conversaciones se reanudarán después de que las compañías hayan llegado a un acuerdo con dos condados de Ohio de 260 millones de dólares (233 millones de euros) para evitar el primer juicio federal sobre su papel en la epidemia de opiáceos en Estados Unidos.

Las compañías han negado haber actuado mal y han argumentado que sus productos llevaban etiquetas aprobadas por el gobierno que advertían sobre los riesgos adictivos de los opioides

Según ha informado Reuters, los distribuidores, que manejan alrededor del 90% de los medicamentos recetados en Estados Unidos pagarán 215 millones de dólares (193,4 millones de euros) combinados de inmediato a los condados Cuyahoga y Summit de Ohio que fueron demandantes en el juicio del lunes.

Teva aclaró que estaba pagando 20 millones de dólares (17,9 millones de euros) en efectivo y contribuirá con 25 millones de dólares (22,4 millones de euros) en Suboxone, un tratamiento para la adicción a los opiáceos. Teva llevará a cabo esta contribución durante tres años.

Las compañías han sido acusadas de alimentar una crisis nacional de opioides. Según datos del gobierno, unas 400.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos entre 1997 y 2017 estuvieron relacionadas con los opioides.

EXAGERAR LOS BENEFICIOS DE LOS OPIÁCEOS

Las demandas acusan a los fabricantes de medicamentos de exagerar los beneficios de los opiáceos, mientras que minimizan los riesgos y alegan que los distribuidores no detectaron y detuvieron una marea creciente de pedidos sospechosos.

Por su parte, las compañías han negado haber actuado mal y han argumentado que sus productos llevaban etiquetas aprobadas por el gobierno que advertían sobre los riesgos adictivos de los opioides.

En cambio, los distribuidores han declarado que su función era asegurarse de que los medicamentos recetados por médicos con licencia estuvieran disponibles para los pacientes.

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