En el mes de diciembre de 2022 daba comienzo uno de los principales casos de investigación sanitaria internacional. El regulador de medicamentos de la India, la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos (CDSCO, por sus siglas en inglés), inició una investigación tras la muerte de 300 niños por la ingesta de jarabes para la tos en tres países (Gambia, Indonesia y Uzbekistan).
El propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, hacía una llamamiento urgente para extremar la alerta en todo el mundo con un aumento de la vigilancia sobre los productos bajo sospecha que coincidían en contener cantidades tóxicas de dietilenglicol y etilenglicol.
Ahora, según recoge Reuters, un tribunal indonesio ha ordenado a dos empresas locales el pago de hasta 60 millones de rupias (642 mil euros) a cada familia cuyos hijos murieron debido a una lesión renal aguda o sufrieron lesiones graves tras consumir estos tratamientos tóxicos para la tos.
En Indonesia se estima que debido a las lesiones causadas por estos jarabes, más de 200 niños murieron. Además, se contabilizan que unos 120 sobrevivieron, algunos con discapacidades que ocasionaron dificultades económicas a sus padres. Debido a esto, los jueces del Tribunal Central de Yakarta declararon culpables de los envenenamientos a Afi Farma y CV Samudera Chemical, fabricante de medicamentos y proveedor, según una sentencia hecha pública a última hora del jueves.
"Las familias se encuentran decepcionadas por el fallo"
Por otro lado, tanto el Ministerio de Sanidad de la India como la agencia alimentaria y farmacéutica del país (BPOM) fueron absueltos de toda culpa.
El tribunal condenó a las empresas a pagar a los padres demandantes una indemnización de 50 millones de rupias (535 millones de euros) por los niños fallecidos y de 60 millones por los heridos (642 mil euros).
En un contexto donde el producto interior bruto per cápita de Indonesia en 2023 se situaba en casi 5.000 dólares, según datos de la Oficina de Estadística del país, los padres habían pedido 3.400 millones de rupias (36 millones de euros) por cada niño fallecido, y 2.200 millones (23 millones de euros) por los supervivientes.
Por ello, el veredicto no ha sido lo esperado por los afectados. La abogada encargada de llevar el caso de los padres, Siti Habiba, explica que "las familias se encuentran decepcionadas por el fallo". Asimismo, deja claro que las víctimas se encuentran devastadas.
Los jarabes contenían etilenglicol (EG), una sustancia química que se usa frecuentemente en productos como líquidos de frenos y anticongelantes. De acuerdo con un documento judicial del caso penal, la concentración de EG en los jarabes llegaba al 99%, mientras que las normas internacionales permiten solo un 0,1% de EG como nivel seguro para el consumo.