La Ley de Reducción de la Inflación es una ley federal de los Estados Unidos que tiene como objetivo frenar la inflación actual mediante la reducción del déficit. Aprobada por el Congreso en 2022 cuando los demócratas todavía tenían mayoría en la Cámara de Representantes y promulgada por el presidente Joe Biden, afecta claramente sobre los precios de los medicamentos recetados en el país norteamericano.
Concretamente, esta legislación ha otorgado al programa gubernamental Medicare, de subsidios para las personas mayores de 65 años, las atribuciones para contrarrestar los aumentos en los precios de los medicamentos. La agencia seleccionará 10 medicamentos para una primera ronda de negociaciones sobre los precios, con el objetivo de ahorrar 25.000 millones de dólares (23.000 millones de euros) anuales hasta 2031.
La Ley de Reducción de la Inflación es una ley federal de los Estados Unidos que tiene como objetivo frenar la inflación actual mediante la reducción del déficit, afectando claramente sobre los precios de los medicamentos recetados
Para poder entender la magnitud de esta medida, es necesario conocer en que se basa el modelo de Estados Unidos. Medicare es un plan de salud federal que surgió en el año 1965 dirigido a las personas de 65 años y más, aunque finalmente se amplió para incluir a pacientes con determinadas discapacidades e insuficiencias cardíacas.
El objetivo principal de este seguro es cubrir las necesidades y los costes de los más mayores, una etapa en la que aumentan las visitas al médico y la necesidad de los medicamentos recetados. En su plan básico, cubren las hospitalizaciones, las cirugías, y los tratamientos necesarios para tratar una condición médica o prevenirla.
El problema surge con la llegada de la Ley de Reducción de la Inflación, que reduce aún más el precio de los medicamentos ofertados dentro de Medicare, afectando a los beneficios de las farmacéuticas que los producen. Por ello, como respuesta ante esta práctica por parte del Gobierno de Estados Unidos, grandes farmacéuticas se han mostrado en desacuerdo y han recurrido a las demandas.
RESPUESTA DE LAS FARMACÉUTICAS
Una de las primeras ha sido la farmacéutica americana Merck &Co, conocida como MSD en Europa, que presentó la demanda hace un mes alegando que el Gobierno estaba poniendo en práctica un plan para reducir los precios de medicina subsidiada. Además calificaron como “extorsión” el proceso de negociación con las autoridades.
La querella pide directamente al Tribunal Federal del Distrito de Columbia que impida que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) le fuerce a aceptar el acuerdo para bajar los precios en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación. Concretamente, desde la compañía señalan la violación de la Primera Enmienda de la Constitución y la Quinta. Esta última, hace referencia a que requiere del gobierno una compensación apropiada cuando requisa la propiedad.
El próximo 1 de septiembre, el Centro para servicios de Medicare y Medicaid publicará la lista de los medicamentos seleccionados y las compañías farmacéuticas afectadas, que tendrán un plazo hasta octubre para firmar su participación en estas negociaciones. En el caso de MSD, indició que sus medicamentos para la diabetes Januvia y Janumet, y el tratamiento para el cáncer con el compuesto Keytruda, estarían sujetos a las negociaciones.
La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, argumenta que la negociación de precios les obligaría a vender sus medicamentos a Medicare con grandes descuentos, por debajo de los precios de mercado
En su demanda, resumen esta situación como la obligación del HHS a las empresas farmacéuticas a entrar en un proceso que dictará los precios con descuentos que van del 25% al 60%, bajo la amenaza de impuestos que son muy costosos en comparación con los ingresos obtenidos por la venta de estos medicamentos.
Un par de semanas después, y siendo ya la tercera demanda interpuesta contra esta ley, Bristol Myers Squibb (BMS) decidió dar un paso hacia delante en búsqueda de detener elprograma de negociación de precios de medicamentos de Medicare.
Presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, argumenta, en línea con las otras farmacéuticas, que la negociación de precios les obligaría a vender sus medicamentos a Medicare con grandes descuentos, por debajo de los precios de mercado.