La farmacéutica estadounidense, Eli Lilly, ha acordado pagar 13.5 millones de dólares (12.6 millones de euros) para poner fin a una demanda colectiva de seis años que alegaba que la compañía había provocado un sobreprecio en la insulina. Concretamente, como parte del acuerdo registrado en un tribunal del distrito federal en Nueva Jersey, limitarán el precio final a 35 dólares (32,79 euros) por mes, durante cuatro años.
Este pacto se produce tres meses después de que la compañía anunciase la reducción del precio del tratamiento para la diabetes de tipo 1 por la necesidad de “facilitar el acceso a la insulina” y ayudar a los estadounidenses que no podían acceder a la insulina. Un cambio influenciado directamente por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien advirtió a Eli Lilly que bajara los precios mensuales de la insulina a los 35 dólares en los que se encuentra ahora.
La demanda se presentó en 2017 contra varios fabricantes de insulina, afirmando que las empresas involucradas se unieron a una “lucha continua” por aumentar los precios de sus medicamentos. Todo ello, mientras que los precios reales públicos seguían siendo los mismos, este es el punto más destacado ya que, según señalan los demandantes, las empresas aprovecharon la creciente diferencia para sus propios intereses.
Caer intencionalmente en cetoacidosis diabética para recibir muestras de insulina de las salas de emergencia del hospital, dosificar menos insulina y tomar insulina caducada, son algunas de las terribles situaciones que han tenido que vivir estas personas
En términos económicos, el aumento en el precio se trató de 18 veces más del que se encontraba en un inicio, es decir, de 25 dólares a 450, al mes.
Según recoge Fierce Pharma, un bufete de abogados muy conectado con el caso, asegura que el acuerdo con Lilly tiene un valor de 500 millones de dólares para los consumidores durante un periodo de cuatro años. Además, los reclamantes elegibles podrán recibir pagos en efectivo en función de sus compras de insulinas.
La demanda colectiva presentada hace más de seis años recogía el testimonio de pacientes que habían tenido que recurrir a medidas extremas por no poder comprar las encarecidas insulinas. Morirse de hambre para controlar sus niveles de azúcar en la sangre, caer intencionalmente en cetoacidosis diabética para recibir muestras de insulina de las salas de emergencia del hospital, dosificar menos insulina y tomar insulina caducada, son algunas de las terribles situaciones que han tenido que vivir estas personas que, según parece en el acuerdo, ya no tendrán que sufrir más.