China se pone seria y quiere poner punto y final a los escándalos sobre vacunas que a lo largo de estos meses han venido sucediendo en el país. Por ello, el país asiático ha propuesto nuevos proyectos de ley sobre el manejo de vacunas con el objetivo de reforzar la supervisión de cómo las vacunas ingresan al mercado del país y también requerirán un manejo más estricto de su producción, investigación y distribución.
Según ha informado Reuters, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, que publicó los proyectos de ley en su sitio web a última hora del domingo, ha solicitado la opinión del público hasta el 25 de noviembre.
El documento también propone un castigo severo para aquellos que participan en prácticas ilegales, como la fabricación de datos o que impiden las investigaciones.
China se ha comprometido a reformar y mejorar la producción y el manejo de vacunas después de los recientes escándalos que involucraron a una empresa que fabricó registros de producción e inspección y vendió vacunas ineficaces.
El objetivo es reforzar la supervisión de cómo las vacunas ingresan al mercado del país y también requerirán un manejo más estricto de su producción, investigación y distribución
Uno de ellos tuvo lugar el pasado mes de octubre cuano el gobierno chino multó al fabricante de vacunas chino con 1.300 millones de dólares (1.124 millones de euros) por producir ilegalmente 748 lotes de vacunas contra la rabia con fecha tan temprana como enero de 2014.
Concretamente, tras las investigaciones previas, las autoridades chinas acusaron a la compañía de mezclar diferentes lotes de ingredientes de vacunas activas, incluidos los caducados, así como de no ejecutar las pruebas de eficacia adecuadas y manipular y destruir los registros originales.
La aprobación de la vacuna contra la rabia de Changsheng ha sido rescindida, junto con el permiso de la compañía para fabricar medicamentos de cualquier tipo.
Asimismo, la presidenta de Changsheng, Gao Junfang, ha sido excluida de la industria farmacéutica y también se le ha prohibido ocupar un cargo ejecutivo en una empresa que cotiza en bolsa o dirigir cualquier negocio relacionado con acciones.