La fijación de los precios de los medicamentos es uno de los procesos más complejos y controversos de la industria farmacéutica. En el caso de Europa, se caracteriza por ser un sistema mixto, donde la Unión Europea establece unas direcciones generales pero cada país conserva la autonomía para definir su propio método.
A nivel europeo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se dedica a la aprobación centralizada de medicamentos, asegurando así la calidad, seguridad y eficacia del sistema, mientras que la Comisión Europea tiene la potestad de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas de las farmacéuticas. En este panorama, establecen unas reglas comunes con el objetivo de tener cierta transparencia en la fijación de precios.
Sin embargo, son los propios países que componen la UE los que determinan el procedimiento de fijar el precio de los medicamentos, a través de técnicas como los precios de referencia, regulados, reembolsos o licitaciones. Además, tienen la capacidad de establecer el precio máximo de venta, negociar con las propias empresas y decidir que medicamentos se incluyen en la prestación farmacéutica del sistema sanitario de cada país.
“Al aplicar un enfoque de fijación de precios basado en el valor, podemos lograr un equilibrio entre respaldar el acceso a los medicamentos para el mayor número posible de pacientes y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de invertir"
Una combinación de competencias que tiene como objetivo proteger la salud pública a través de la garantía del acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, pero también, fomentar la innovación, controlar el gasto sanitario y evitar los diferentes problemas que puedan surgir en torno al precio.
En este sentido, desde la UE están trabajando en la armonización de algunos de los aspectos de la fijación de los precios. Precisamente, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones farmacéuticas (EFPIA) y la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos (IFPMA) han manifestado su intención de implementar un sistema basado en el valor de los propios medicamentos.
Una de las medidas que proponen desde ambas organizaciones se centra en evaluaciones más completas sobre el impacto de los medicamentos en la salud de los pacientes, su calidad de vida y el propio sistema sanitario. En esta misma línea, apuntan a la necesidad de que las negociaciones entre las autoridades sanitarias y las compañías farmacéuticas sean tanto más trasparentes, como flexibles, con acuerdos de pago por resultados o precios basados en el valor. Además, abogan por otorgar incentivos a las farmacéuticas para que sigan desarrollando medicamentos innovadores que satisfagan las necesidades no cubiertas de los pacientes.
“Al aplicar un enfoque de fijación de precios basado en el valor, podemos lograr un equilibrio entre respaldar el acceso a los medicamentos para el mayor número posible de pacientes y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de invertir y ofrecer innovación futura”, señalaron desde la IFPMA como principal mejora.
CASO ESPAÑA
En el caso de España, el sistema de fijación de medicamentos está regulado por la Ley de Garantía y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, y se lleva a cabo por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), una organización integrada por representantes de diferentes ministerios y comunidades autónomas.
En cuanto al proceso en sí, aquellos laboratorios que deciden comercializar un medicamento en España deben presentar una solicitud de autorización a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que es la encargada de evaluar la seguridad, eficacia y calidad del medicamento, y en el caso de aprobarse, se incluye en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Un proceso complejo y regulado que busca equilibrar el acceso a medicamentos asequibles para pacientes y, a su vez, garantizar la rentabilidad de las farmacéuticas para que continúen investigando y desarrollando nuevos tratamientos
Posteriormente, es la CIPM quien negocia el precio de reembolso con el laboratorio, que se trata del precio máximo que al que el Estado español reembolsa el medicamento a las farmacias. Finalmente, el precio de venta al público (PVP) puede ser superior al precio de reembolso, pero nunca inferior.
En todo este proceso se tienen en cuenta diferentes factores, como pueden ser el coste del desarrollo del medicamento; la eficacia clínica, comparada con otros tratamientos similares; la seguridad en torno a los riesgos y beneficios: el precio del medicamento en otros países; y el impacto que tendrá en el gasto farmacéutico. A pesar de que se fije un precio, el CIPM revisa periódicamente este, y, en el caso de que sea necesario, lo cambia.
Un proceso complejo y regulado que busca equilibrar el acceso a medicamentos asequibles para pacientes y, a su vez, garantizar la rentabilidad de las farmacéuticas para que continúen investigando y desarrollando nuevos tratamientos. Aunque es importante recordar que el precio final de un medicamento en España puede ser diferente al precio de reembolso, ya que las farmacias pueden aplicar un margen de beneficio al PVP.