El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que Endo ha llegado a acuerdos sobre su comercialización de Opana ER por 464,9 millones de dólares (429 millones de euros) al gobierno federal, tras declararse en bancarrota por abordar su carga de deuda de 8 mil millones de dólares (7.399 millones de euros) por acusaciones de su papel en la epidemia de opioides.
En este caso de quiebra, Endo acordó pagar 364,9 millones de dólares (336 millones de euros) durante 10 años, más hasta 100 millones de dólares (92 millones de euros) dependiendo de su desempeño después de salir de la quiebra. Alternativamente, la compañía estadounidense podría resolver el caso de quiebra por 200 millones de dólares (184 millones de euros) por adelantado, más el pago contingente por valor de hasta 100 millones de dólares (92 millones de euros) dependiendo de su desempeño futuro.
Desde que Endo se declaró en quiebra en agosto de 2022, la empresa ha estado atravesando una reestructuración en el Tribunal de Quiebras de EE. UU
En el acuerdo penal, Endo decidió declararse culpable de un delito menor de violar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos con su comercialización previa de opioides. En el caso civil, según apunta Reuters, acordó un pago propuesto de 475,6 millones de dólares (439 millones de euros), que resolvería las posibles responsabilidades de Endo en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Si bien el Departamento de Justicia promocionó los acuerdos civiles y penales del gobierno federal, las cifras financieras de esos acuerdos no son realmente relevantes. Esto se debe a que "las multas penales y civiles son esencialmente reclamaciones que se satisfacen con los pagos del acuerdo" según apuntó un portavoz de la empresa.
Desde que Endo se declaró en quiebra en agosto de 2022, la empresa ha estado atravesando una reestructuración en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York, que es la encargada de aprobar todos los acuerdos. Además, según el plan de reestructuración de Endo, la empresa pretende venderse a determinados prestamistas, que pasará por una audiencia judicial para considerar la propuesta el 19 de marzo.