Huelva ha sido la última provincia donde ya está operativo el denominado Interlocutor Policial Sanitario. Una figura creada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior dentro del “Protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud”.
Consalud.es ha hablado con el coordinador Nacional del Observatorio de Agresiones de la OMC, José Alberto Becerra, para saber cómo se está implantando esta autoridad en los centros hospitalarios.
“La valoración es muy positiva. La concienciación social no solo está presente a nivel de la población sino también a nivel de las instituciones. Las administraciones sanitarias están muy implicadas”, afirma el coordinador.
Asimismo, explica que, con esta figura, se realizará una catalogación de los centros sanitarios, tanto públicos como privados, en función de la delictividad que contenga y del número de agresiones que se produzcan. Así, señala Becerra que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán llevar a cabo actuaciones rápidas y de tal precisión que nos permitan, en algunos casos, evitar las agresiones”.
“El objetivo es mejorar la seguridad en los centros y la sensación de seguridad para los profesionales. Esto es muy importante para poder prestar una atención sanitaria de calidad”
De esta forma, habrá un Interlocutor Policial Sanitario por provincia y, en función de la zona, actuará la Policía Nacional o la Guardia Civil. “Si es en Cádiz, actúa la Policía Nacional. Sin embargo, si es en Chiclana, actuaría la Guardia Civil. No obstante en Algeciras actuaría la Policía Nacional también por las características de la zona” explica el coordinador.
Además, Becerro apunta que se van a realizar también estudios sobre la delictividad en función de la franja horaria en la que se producen más o menos agresiones. “Se va a vigilar y proteger los centros, incluso con presencia física en aquellos donde existan muchas agresiones” indica.
“Se va a vigilar y proteger los centros, incluso con presencia física en aquellos donde existan muchas agresiones”
Según el último informe de 2017 del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, del total de agresiones a médicos, 2.914 casos, el 58,38% de los agredidos son mujeres y el 41,62%, hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, experimentando este último un ligero descenso respecto al año anterior (14%). Por sexo, en el sector público, el 58% de los agredidos son mujeres y el 42% hombres, mientras en el sector privado, el 48% fueron hombres y el 52% mujeres.
Así, son 10 las comunidades autónomas que, de alguna u otra manera, han informado de su completa implantación o han iniciado los trámites para hacerlo. Entre ellas, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia y, ahora, la Comunidad Valenciana.