El sector sanitario casi al completo está mostrando su rechazo al Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Este RDL ha sido el detonante para que el Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos médicos (CESM) haya convocado una huelga nacional indefinida de médicos que comenzará el próximo 27 de octubre y que tendrá lugar el último martes de cada mes que no sea festivo.
Según denuncia CESM en un comunicado, "el Real Decreto Ley aprobado no hace sino poner en riesgo la seguridad de los pacientes, puesto que se está pisando la regulación de la profesión, se legaliza el intrusismo profesional y se deslegitima el sistema de Formación Sanitaria Especializada. En definitiva, se le da la puntilla a la calidad del Sistema Nacional de Salud".
CESM ha convocado una huelga indefinida de médicos que comenzará el 27 de octubre
"Además, la dudosa redacción del artículo 3.2 atribuye competencias exclusivas de los médicos de Familia a los enfermeros hospitalarios, permitiendo a las comunidades autónomas el desplazamiento de este personal desde los hospitales a los centros de Atención Primaria", afirmaban días antes de la convocatoria oficial de estos paros.
Entre los médicos existe cierta desazón. "Efectivamente, estamos viendo que todo el colectivo médico ha dicho basta. A nosotros tampoco nos parece de recibo, porque pensamos que el buque insignia de la sanidad española, el sistema MIR, con el RDL 29/2020 se pasa por alto y se denigra la profesión médica, porque no es la solución definitiva a la falta de personal que tiene el sistema sanitario", explicaba a este diario Begoña Zamora, una de las responsables de la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) en una reciente entrevista.
Por otra parte, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ha solicitado la retirada de los artículos 2 y 3 del Real Decreto Ley 29/2020, del 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Facme considera que las medidas excepcionales que se deban tomar "han de estar diseñadas y evaluadas con las organizaciones profesionales, cada una dentro de sus competencias, para garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario, proteger la integridad y seguridad de pacientes y profesionales y asegurar la máxima calidad del sistema sanitario".
La posibilidad de contratar a médicos que han aprobado el MIR pero sin obtener plaza en la convocatoria 2019/2020 y a médicos extracomunitarios, además de permitir a las Comunidades poder disponer de personal estatutario para atender otras unidades o áreas que no sean las suyas “si hay déficit” son medidas aprobadas en el Real Decreto-Ley que, en opinión de CCOO, van a permitir movilidad geográfica o movilidad funcional de los y las profesionales sanitarios sin negociación, alterando los derechos recogidos en el Estatuto Marco, así como la contratación de personal sin la titulación necesaria, con contratos precarios y abaratando la mano de obra en el sector sanitario, lo contrario a lo que se aconseja desde todas las instituciones europeas.
CCOO emplaza al Ministerio de Sanidad a convocar de forma inmediata el Ámbito de Negociación y que se negocien en este espacio estas medidas tomadas unilateralmente, evitando con ello la judicialización de estas medidas por despreciar un derecho fundamental, recogido en la Constitución, como es el derecho a la negociación colectiva.
Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) aseguran no entender que se pueda apostar por abaratar la mano de obra, con contratos de difícil encaje, "cuando uno de los factores que influyen en la escasez de profesionales es precisamente contar con unas condiciones laborales y retributivas ampliamente mejorables". Asimismo, indican qu no se pone en valor a los y las profesionales que sí han aprobado el examen de residente.