El Gobierno sigue dando pasos para acabar con las contrataciones fraudulentas y detener las irregularidades en los empleos sanitarios. Tras poner en marcha a finales de julio el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, el Ministerio de Trabajo ha informado que ha detectado “un relevante número de empresas que incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un periodo de 18”.
En concreto, ha sido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el departamento que ha detectado dichos incumplimientos a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos.
Estas actuaciones, englobadas en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, tienen como fin "atacar las situaciones de abuso laboral" y corregir "las situaciones de vulneraciones de derechos"
De esta manera, el ministerio que dirige Magdalenta Valerio ha remitido 22.000 nuevas comunicaciones a distintas empresas, entre ellas algunas sanitarias. Éstas, que han sido enviadas los días 13 y 14 de agosto, tienen la finalidad de “atacar las situaciones de abuso laboral existentes” así como corregir “las situaciones de vulneraciones de derechos en el empleo de muchos ciudadanos”.
FASES DEL PLAN DE CHOQUE
En una primera fase, Trabajo detecta las posibles situaciones irregularidades relacionadas con la contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial. Las empresas identificadas son informadas de ello a fin de que regularicen la situación y repongan los derechos de los trabajadores afectados.
En los casos en los que Inspección de Trabajo detecte que la empresa ha procedido a extinguir los contratos fraudulentos detectados, podría exigirle las responsabilidades legales pertinentes
A continuación, y tras pasar un mes del envío de las comunicaciones, la Inspección de Trabajo se encargará de analizar los comportamientos de estas empresas, especialmente de aquellas que no hayan regularizado los casos o que hayan modificado la situación de sus plantillas a través de la extinción de los contratos fraudulentos detectados.
Si se dan estos casos, se procedería a realizar actuaciones de los inspectores para comprobar, de manera directa, si han actuado así. En caso afirmativo, desde Inspección podrían exigir las responsabilidades legales pertinentes.