El sector sanitario ha vivido unos días de protagonismo tras las medidas anunciadas por el Gobierno para estabilizar 67.000 plazas de empleo y limitar futuras contrataciones con carácter temporal. Pero este no será el único foco informativo que rodeará al ámbito de la sanidadpública en los próximos meses, ya que el próximo asunto que aspira a afrontar es el del salario de los profesionales sanitarios.
En un lado del debate se han ubicado las organizacionessindicales. Algunas como CC.OO. o UGT han anunciado importantes movilizaciones, si no hay voluntad de la administración para negociar un acuerdo en materia de sueldos. Y aunque ya se han producido concentraciones, los mayores movimientos se esperan después del verano en caso de que no haya avances relevantes.
CC.OO., UGT y CSIF piden una subida salarial de los sanitarios junto a una mejora de derechos laborales; de no producirse, anuncian movilizaciones a partir de septiembre
Desde el área pública de CC.OO., en el que también se incluye el área de sanidad, reclaman al Gobierno central un “nuevo acuerdo salarial y de condiciones de trabajo que garantice el poder adquisitivo, recupere derechos recortados en anteriores crisis y avance en la mejora sustancial de la normativa y las condiciones de trabajo en el sector público”.
En esta misma línea, desde UGT han exigido que los convenios laborales “garanticen el poder adquisitivo de los salarios y el establecimiento de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos”. Incluso el secretario general de este sindicato, PepeÁlvarez, ha advertido que “si no hay avances, vamos a ir a un otoño presidido por las grandes movilizaciones”.
También se han pronunciado en las últimas semanas desde CSIF. Esta organización ha exigido al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que “inicie de una vez” las negociaciones para abordar la subida salarial de los empleados públicos. Y en el mismo tono que los otros sindicatos, han aventurado que se intensificarán las movilizaciones en septiembre, “si el Gobierno no accede a compensar los efectos de la inflación”.
PENDIENTES DEL PACTO DE RENTAS
En esta partida, el Gobierno juega un papel principal. Su voluntad es que tanto sindicatos como la patronal de empresarios (CEOE) avancen hacia un pacto de rentas y que, de alguna u otra forma, esto despeje cómo actuar con respecto al sueldo de los funcionarios públicos, entre ellos los profesionales sanitarios. No obstante, este acuerdo no se alcanzará antes de septiembre.
Los sindicatos quieren ligar los sueldos a la subida del IPC; mientras, la CEOE quiere que el pacto de rentas también afecte a los salarios públicos y a las pensiones
Esta semana ha tenido lugar un intento de negociación entre las tres partes que no ha llegado a buen puerto. El objetivo del Ejecutivo central es que se logre un acuerdo a largo plazo sobre cuándo deben subir los sueldos, planteado para los próximos tres años, es decir, hasta 2025. Mientras tanto, sindicatos y patronal están en desacuerdo con las formas de hacerlo.
Por parte de los representantes de los trabajadores buscan que las cláusulas de revisión salarial se indexen a las subidas del IPC. Sin embargo, este asunto que para los sindicatos es “imprescindible”, para los empresarios es “inadmisible”. Desde la CEOE también consideran clave que el pacto de rentas afecte no solo al sector privado, sino que también lo haga a los salarios públicos y a las pensiones.
¿HABRÁ PGE EN 2023?
Toda esta negociación está también ligada, como es de esperar, a la que habrá próximamente sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023. Los sindicatos quieren que cualquier acuerdo se cierre antes de que se apruebe el anteproyecto de presupuestos por parte del Gobierno. Consideran que la última subida del 2% en las cuentas públicas “ha quedado del todo desfasada”.
No obstante, y pese a que Hacienda ya ha definido las líneas generales en las que considera que deben centrarse los próximos PGE, existe incertidumbre en el seno de Moncloa debido a la subida de la inflación y a las amenazas que rondan a la economía mundial. Además, aún debe aprobarse el techo de gasto, el que establece el límite de gasto público. El objetivo de la ministra María Jesús Montero es presentarlo en julio.
Para el 2023, el Gobierno espera seguir “reforzando el Estado del bienestar”, así como continuar “garantizando la excelencia de la sanidad pública” y “mejorar las condicioneslaborales” de los trabajadores. Del mismo modo, en las próximas cuentas se incluirán medidas enfocadas a la “modernización” de la sanidad y a la “renovación y ampliación de las capacidades del SNS” como la ejecución del Plan Inveat.