En los centros penitenciarios de España, la sanidad enfrenta una crisis sin precedentes. Con menos de un tercio de las plazas de facultativos ocupadas, la escasez de personal y la precariedad laboral han llevado la sanidad penitenciaria a una situación crítica. Recientemente el BOE publicaba la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, de un total de 89 plazas, lo cual no soluciona un problema “estructural”.
Así lo califica en declaraciones a ConSalud.es, el Dr. José Miguel Antolín Mugarza, vicepresidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) quien afirma: "Llevamos décadas lanzando un SOS y solo disponemos de salvavidas que parchean la situación". La falta de profesionales médicos y de condiciones laborales adecuadas no solo compromete el bienestar de las personas privadas de libertad, sino que además agrava la carga laboral y emocional de los sanitarios que prestan sus servicios en estos centros.
El Defensor del Pueblo ha alertado en múltiples ocasiones sobre esta problemática. El informe anual del Defensor del Pueblo de 2023 indica que “mientras no se produzca la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud de las comunidades autónomas, en virtud de lo estipulado en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Defensor del Pueblo seguirá formulando resoluciones a fin de paliar la ausencia de profesionales en este ámbito”. Sostiene el documento que la Administración penitenciaria no puede ampararse en esa falta de transferencia para evitar profundizar en la situación actual de escasez de personal sanitario, sino que tiene que buscar alternativas eficaces.
“La situación de la Sanidad Penitenciaria ha mejorado sustancialmente en aquellas CC.AA. en las que se ha producido la transferencia”
El Dr. Antolín reconoce, de hecho, que “la situación de la Sanidad Penitenciaria ha mejorado sustancialmente en aquellas CC.AA. en las que se ha producido la transferencia de la sanidad penitenciaria (Euskadi, Cataluña y Navarra) y se han equiparado las condiciones laborales y económicas a la de los compañeros de esas comunidades autónomas”. Y advierte: “La transferencia de la Sanidad Penitenciaria considero que es el principal desafío al que nos enfrentamos si no queremos desaparecer”.
El problema de la sanidad penitenciaria, sobre todo en lo que hace referencia a los Facultativos, es un problema estructural al que se le están dando soluciones coyunturales como guardias telemáticas, oferta de empleo público, cobertura de plazas por parte de médicos interinos. indica el experto, “y por eso hemos llegado a esta situación actual”, expone.
La reciente convocatoria de plazas publicada en el BOE el 17 de octubre de 2024, que oferta 89 plazas, se enfrenta a un contexto desalentador. “En las últimas convocatorias de OPE, solamente quedaron cubiertas menos del 10% de las plazas ofertadas”, revela Antolín que reconoce que “de nada sirve la oferta de las 89 plazas publicadas en la última convocatoria ya que si no se mejoran la condiciones laborales y económicas de los Facultativos de la Sanidad Penitenciaria lo más probable es que vuelvan a quedar desiertas más del 90%”.
“Las transferencias a los sistemas de salud de las CC.AA. pueden resolver, en gran medida, la gran precariedad en la que trabajamos en la actualidad”
El vicepresidente de SESP reclama necesario “hacer más atractivo nuestro ámbito de trabajo para que los profesionales sanitarios de otros entornos sanitarios deseen poder incorporarse al campo de la Sanidad Penitenciaria”. Esta escasez de personal no solo afecta a los profesionales, sino que también tiene consecuencias directas en la calidad de la atención médica que reciben los internos ya que la disminución de la ratio médico-paciente tiene una correlación directa con una disminución en la atención sanitaria que reciben los pacientes.
Pese a esta situación, el Dr. Antolín resalta la importante labor de soporte que realizan otros estamentos de la Atención Primaria en los centros penitenciarios como los DUEs, TCAEs, o profesionales de la oficina sanitaria. “Hay que alabar la labor que hacen todos estos profesionales porque asumen responsabilidades que, probablemente, no les corresponden por su profesión y que, sin embargo, resultan cruciales para poder dispensar una adecuada atención a las personas que viven en prisión, en este momento de déficit de Facultativos”, explica.
La falta de médicos en prisión conlleva el malestar de los propios profesionales que deciden apostar por un ámbito que no resulta del todo atractivo. Antolín explica que esto “conlleva una mayor carga de trabajo, con un nivel de estrés muy alto y con guardias por encima de las que se deberían hacer” Además, el vicepresidente de SESP concluye: “No cumplir con los estándares establecidos en cuanto al ratio de profesionales conlleva más trabajo, más estrés y mayor nivel de desmotivación al no poder realizar el trabajo como nos gustaría y como tienen derecho nuestros pacientes.