En las últimas semanas se ha venido poniendo el foco en las dificultades que existirán para disponer de plantillas suficientes y capaces asegurar la oportuna asistencia sanitaria a la población durante el verano. Una problemática que es recurrente cada año, pero que este curso se ha visto agravada por el retraso formativo que los MIR de último año arrastran desde la pandemia. No en vano, ha sido un asunto de amplio y encendido debate entre las CC.AA. y el Ministerio de Sanidad en las últimas citas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
No cabe duda de que el déficit de plantillas para el periodo estival es un asunto de primer orden. Sin embargo, existe un colectivo de personas sobre la que estas estrecheces de recursos asistenciales se ciernen con especial virulencia y de los que pocos hablan: la población reclusa. En este contexto, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón Basanta, revela en ConSalud.es que la realidad en las prisiones españolas será “especialmente complicada” durante los próximos meses veraniegos.
“La situación es peor todavía aquí dentro. Tenemos aún menos recursos, así que la posibilidad de contratar a más compañeros es prácticamente nula”
De la misma manera que ocurre a lo largo de los centros de salud de todo el país, los médicos y enfermeras que atienden a los más de 50.000 reclusos en España también aprovecharán estas fechas para tomarse sus merecidas vacaciones. La diferencia es que el problema general de la falta de profesionales en la sanidad pública española se torna en toda una condena al otro lado de los muros de prisión. “La situación es peor todavía aquí dentro. Tenemos aún menos recursos, así que la posibilidad de contratar a más compañeros es prácticamente nula”, refleja Basanta.
Las alarmas en las cárceles españolas no se han encendido por el verano, sino que son una constante luz roja desde hace muchos años. No en vano, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria lleva largo tiempo advirtiendo de las serias carencias que se viven en las prisiones a la hora de asegurar plenamente el derecho a la salud de la población reclusa. En esta línea, el responsable de SESP explica que la situación de los sanitarios penitenciarios es “mala, de por sí, en el día a día” y la llegada del verano “sólo sirve para que aún empeore más”.
"En los lugares en los que ayudo, durante el tiempo que estoy de vacaciones, no hay nadie; se atiende por telemedicina las urgencias y es enfermería quien lleva el peso de todas las actuaciones”
En este sentido, el facultativo que ejerce en el centro penitenciario de Albolote (Granada) conoce de primera mano el rompecabezas que supone para sus exiguas plantillas poder reponer a los compañeros que se toman el descanso estival. “Existen menos posibilidades de cogerse vacaciones y, cuando las coges, se queda todavía más descubierto el centro. En los lugares en los que ayudo, durante el tiempo que estoy de vacaciones, no hay nadie; se atiende por telemedicina las urgencias y es enfermería quien lleva el peso de todas las actuaciones”, lamenta.
En el caso más optimista de que existan dos o más facultativos asistiendo en prisión, prosigue Basanta, “uno se va quince días de vacaciones y el otro debe cubrirlos por completo estando de guardia, o bien, se turnan esta guardia los que queden allí todavía”. Una realidad que dista mucho de lo que sería deseable, pero que se ha convertido en la rutina habitualpara los profesionales de la medicina carcelaria. “La mayor parte de las prisiones ya están tan mal, que la llegada del verano casi ni se nota. No hay sanidad penitenciaria en el 80% de las prisiones de este país”, refleja resignado.
“Más allá de su color político, los diferentes responsables, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, llevan 20 años sin mostrar un verdadero interés por cumplir la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”
El futuro que observan desde SESP no parece tampoco nada alentador. De hecho, alertan de que la situación puede continuar yendo a peor por “la elevada edad de los facultativos actuales, que irán jubilándose sin capacidad suficiente de ser repuestos”. Como un posible hilo de optimismo, el Dr. Bastana nos explica que en las CC.AA. donde las competencias de sanidad penitenciaria están asumidas por los servicios de salud propios –Navarra, País Vasco y Cataluña- “las cosas funcionan mucho mejor, pese a que tengan también los problemas inevitables que ocurren en la sanidad pública española por su planificación cortoplacista en RR.HH.”.
Para velar por la salud de los presos, con los mismos derechos que cualquier otro español a disponer de una sanidad universal, desde SESP instan a todas las CC.AA. a integrar estos servicios asistenciales, facilitando la presencia de más profesionales. De esta manera, se lograría una mayor cohesión entre los recursos asistenciales a uno y otro lado de los muros. “Más allá de su color político, los diferentes responsables, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, llevan 20 años sin mostrar un verdadero interés por cumplir la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”, concluye el presidente de SESP.