De la misma manera que ocurre al otro lado de los muros de prisión, la sanidad penitenciaria vive presa de la acuciante falta de profesionales. Muchos centros carcelarios se ven obligados a cubrir la asistencia sanitaria a sus reclusos con plantillas de médicos –también enfermeras- insuficientes. Se calcula que nuestro país requeriría disponer de medio millar de facultativos para atender con unos mínimos estándares de calidad a los alrededor de 47.000 internos en instituciones penitenciarias españolas. Por el contrario, las cifras de médicos se estiman, desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), en unos 170.
La urgente necesidad de más efectivos ha llegado hasta oídos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien este pasado viernes alertaba del “riesgo” que esta realidad implica para la salud de los presos, puesto que el hecho de que no haya personal suficiente “dificulta las labores de prevención y que pueda darse la atención oportuna ante cualquier situación que llegue a producirse”. A su entender, se trata del “talón de Aquiles” del sistema penitenciario, aunque reconoce que es “muy fácil” de decir, pero “cabe preguntarse cuántas personas desean trabajar en una prisión”, remarca.
Un 'tirón de orejas' del que liberó a Cataluña, Navarra y País Vasco, únicas regiones que tienen plenamente derivada la sanidad penitenciaria. Algo que no debería ser una excepción de estas tres CC.AA.
Por otro lado, Gabilondo quiso recordar a todas las CC.AA. que la contratación de estos profesionales forma parte de las competencias –por ley- de los gobiernos autonómicos, quienes –apostilla- “resulta que no la están cumpliendo muy bien”. Un 'tirón de orejas' del que liberó a Cataluña, Navarra y País Vasco, únicas regiones que tienen plenamente derivada la sanidad penitenciaria. Algo que no debería ser una excepción de estas tres CC.AA., sino que habría de estar extendido al resto de territorios desde el año 2003.
En la actualidad, la sanidad penitenciaria se encuentra gestionada por el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; y convive de manera paralela a los servicios de salud autonómicos. Algo que difiere con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que promulgó en 2003 que la asistencia sanitaria en prisiones deberá ser provista por los diferentes departamentos de salud regionales. “Una circunstancia que, hasta la fecha, sólo se cumple en Cataluña, Navarra y País Vasco”, explica a ConSalud.es el presidente de SESP, Dr. Joaquín Antón Basanta.
UNA SANIDAD DE URGENCIA
De esta manera, la denuncia del Defensor del Pueblo es la misma que laSociedad Española de Sanidad Penitenciaria lleva largo tiempo poniendo sobre la mesa de los responsables políticos de todo el país. “Existen algunas cárceles donde no hay ningún médico y se recurre a sanidad privada para que se pasen unas cuantas horas a la semana”. Un difícil panorama que “inquieta a los reclusos y sus familias” y que vive pendiente todavía de la “integración completa” de la sanidad en los servicios sanitarios autonómicos, apunta.
“La Atención Primaria ha desaparecido de los centros penitenciarios, sólo en algunos donde quedan un mínimo de médicos se pueden hacer algo de manera precaria"
Elprimer nivel asistencial requiere de una serie de recursos que no siempre se encuentran en los centros penitenciarios, dado que la falta de médicos hace que la situación actual “imposibilite pasar una consulta a demanda y llevar un seguimiento médico de los pacientes”. “La Atención Primaria ha desaparecido de los centros penitenciarios, sólo en algunos donde quedan un mínimo de médicos se pueden hacer algo de manera precaria. Hemos quedado para hacer una medicina de urgencia”, confiesa el facultativo de prisiones.
COMPROMISO DE LAS CC.AA.
Desde el año 2003 la sanidad penitenciaria vive pendiente de que los Gobiernos autonómicos den el paso definitivo para cumplir con su obligación de tomar las riendas de estos servicios sanitarios, igual o más necesarios que los de fuera de las rejas, dadas las problemáticas de salud asociadas a muchos presos. “Se trata, en muchos casos, de personas que han venido de la marginalidad, con muy poco contacto con la sanidad a lo largo de su vida. Además, encontramos singulares casos de drogodependencia o de problemas de salud mental. Perfiles en los que un seguimiento es esencial”, aclara
Cumplir con la integración de estos servicios asistenciales a sus departamentos públicos, facilitando la presencia de más profesionales
Para no dejar desasistido a este colectivo de ciudadanos, con los mismo derechos que cualquier otro a disponer de una sanidad universal, desde SESP instan a las CC.AA. a cumplir con la integración de estos servicios asistenciales a sus departamentos públicos, facilitando la presencia de más profesionales. De esta manera, se lograría una mayor cohesión entre los recursos asistenciales a uno y otro lado de los muros. “Más allá de su color político, los diferentes responsable, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, han continuado desde hace 20 años sin mostrar un verdadero interés por cumplir la ley”, concluye el Dr. Basanta.