El episodio de amotinamiento en la cárcel de Villahierro en Mansillas de Mulas (León), donde la pasada semana seis reclusos retuvieron por la fuerza a la directora del centro y a varios trabajadores, ha vuelto a poner sobre la palestra la realidad de lasanidad penitenciaria. Los hechos tuvieron lugar después de que un preso del módulo 10 apareciera muerto durante la mañana del martes 2 de mayo sin ningún signo de violencia aparente. Esta circunstancia llevó a que losánimos entre los reclusos se exacerbasen y muchos de ellos comenzasen a protestar por la deficiencia en la atención sanitaria que reciben, según ha podido conocer ConSalud.es.
Al margen de este hecho puntual acaecido en la cárcel de Villahierro, Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), deja claro a nuestro medio que la atención sanitaria en las prisiones españolas es “una gran preocupación para los reclusos y sus familias”. Una inquietud que ha venido denunciando en primera persona durante los últimos años y ante la que sigue demandando una respuesta decidida por parte de los responsables públicos. “Resulta evidente que no sólo en León, sino en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”.
“La situación actual hace imposible pasar una consulta a demanda y llevar un seguimiento médico de los pacientes"
El déficit de profesionales es una problemática recurrente en la sanidad pública de nuestro país; se trata de una realidad denunciada por los propios sanitarios y bien conocida desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Sin embargo, esta contingencia parece ser más acuciante en las propias cárceles. “Disponemos de 160 o 170 médicos penitenciarios de los alrededor de 500 que debería haber en España. Además, las malas condiciones laborales llevan a que de las últimas 80 plazas que se convocaron sólo se presentaron 6 o 7 candidatos”, remarca el doctor, alegando que no se podrá combatir el déficit hasta que se “equiparen” sus circunstancias con las del resto de facultativos.
UNA SANIDAD CONDENADA A LAS URGENCIAS
El pilar de la salud de las personas reside en la atención primaria y en las consultas continuadas al paciente para diagnosticar sus dolencias, evitar que se agraven e incluso prevenir su desarrollo. Lamentablemente este primer nivel asistencial requiere de una serie de recursos que no siempre se encuentran en los centros penitenciarios. “La situación actual hace imposible pasar una consulta a demanda y llevar un seguimiento médico de los pacientes. La Atención Primariaha desaparecido de los centros penitenciarios, sólo en algunos donde quedan cuatro médicos pueden hacer algo de manera precaria. Hemos pasado a ser una medicina de urgencia”, sentencia el presidente de SESP.
“Se trata, en muchos casos, de personas que han venido de la marginalidad, con muy poco contacto con la sanidad y con el cuidado de su salud a lo largo de su vida"
El reciente fallecimiento de este preso en la cárcel leonesa y la posterior reacción ‘encendida’ de los compañeros de prisión es un ejemplo más de la creciente preocupación de los propios reos ante la atención sanitaria que se les dispensa. Un colectivo que de por sí engloba una serie de peculiaridades en relación a su salud. “Se trata, en muchos casos, de personas que han venido de la marginalidad, con muy poco contacto con la sanidad y con el cuidado de su salud a lo largo de su vida. Además, encontramos importantes casos de drogodependencia o de problemas de salud mental. Son perfiles en los que un seguimiento es esencial”, aclara.
La existencia de consultas médicas más asiduas y mayor personal en los centros de reclusión serviría “prevenir muchas muertes”. El colegiado penitenciario hace referencia a patologías en las que un “seguimiento periódico y una detección precoz” llevaría a no encontrarse la enfermedad “cuando ya es demasiado tarde”, comenta en relación a enfermedades comoel cáncer, el VIH, la hepatitis o la diabetes, entre otras.
UN MAYOR COMPROMISO
Desde el año 2003 la sanidad penitenciaria vive pendiente de que se cumplan las directrices establecidas por ley, que obligan a integrarla en los oportunos servicios sanitarios de cada comunidad autónoma. De esta manera se lograría una mayor cohesión en los recursos asistenciales de los que cualquier persona disfruta a un lado y al otro de las rejas. “El Gobierno y las CC.AA., independientemente del partido que fuera, ha continuado como si nada desde hace 20 años. No hay un verdadero interés de los políticos por hacer cumplir la ley”, asevera el Dr. Basanta.
“Es muy gratificante ser médico de prisiones cuando se puede trabajar bien. Lo curioso es que hace 15 años –momento en el que comenzó el declive- éramos un premiado referente mundial en este ámbito"
Cabe remarcar que si se han destacado tres territorios a la hora de llevar a cabo esta necesaria integración del servicio de salud penitenciario dentro su marco sanitario autonómico: Cataluña, Navarra y el País Vasco. En estas CC.AA. las condiciones de los facultativos de centros penitenciarios son más ventajosas. “Es muy gratificante ser médico de prisiones cuando se puede trabajar bien. Lo curioso es que hace 15 años –momento en el que comenzó el declive- éramos un premiado referente mundial en este ámbito; había gente y recursos para trabajar. Lo hemos dejado morir”, se lamenta el facultativo de la cárcel granadina de Albolote .
El propio centro penitenciario donde Joaquín Antón Basanta ejerce su profesión es un fiel ejemplo de la realidad a la que se enfrenta la atención médica a los presos. “Ahora mismo quedamos todavía cuatro médicos, pero tres de nosotros por encima de los 63 años. El relevo va a ser difícil. Aún así, en nuestro centro estamos algo mejor, ahí algunos en los que no hay ningún médico y se recurre a sanidad privada para que se pasen unas cuantas horas a la semana”, concluye. Un difícil panorama que mantiene presa a la sanidad penitenciaria, condenada por la falta de profesionales y necesidad de una integración completa en los servicios sanitarios autonómicos.