La Sociedad Española de Ginercología y Obstetricia (SEGO) ha hecho publico un comunicado en el que señala que, si se confirman las medidas sobre la interrupción legal del embarazo en la Comundidad de Castilla y León, el Gobierno castellano-leonés deberá "recosiderarlas".
Este fin de semana saltaba la alarma en el Ministerio de Sanidad ante el anuncio por parte de la Junta de Castilla y León de implantar a partir de este lunes unas medidas de natalidad y apoyo a a familia que desde el Gobierno de España han considerado que "vulnera" la actual ley del aborto.
En concreto, las medidas recogidas señalan un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, una ecografía 4D y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Desde el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco, aseguraban este lunes que las medidas se "aplicarán con respeto absoluto a la Ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".
"La ecografía 3D/4D no forma parte de la sistemática asistencial ni puede encontrarse recomendación alguna para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales"
Ante este contexto, la SEGO ha realizado un comunicado con una serie de manifestaciones sobre las medidas anunciadas en medios de comunicación y de las que ellos "no tienen constancia directa a día de hoy". En primer lugar, los ginecólogos y obstetras insisten en su respeto a la legislación vigente y el derecho de las mujeres a acogerse a la ley del aborto.
También destacan que todas las prestaciones a la mujer gestante en el sistema de salud pública "vienen recogidas en los protocolos asistenciales de carácter local, autonómico y/o nacional (que deben ser acordes a las recomendaciones de las Sociedades Científicas) y no establecen diferencias en la atención inicial a la mujer gestante, asegurando de esta manera la equidad e igualdad en su asistencia, personalizándola y adaptándola posteriormente a la complejidad de cada caso".
ECOGRAFÍAS 3D/4D Y DOPPLER
En cuanto a las medidas específicas señaladas por el gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco, la SEGO recuerda que la ecografía 3D/4D "no forma parte de la sistemática asistencial ni puede encontrarse recomendación alguna para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales", por lo que la idea de Castilla y León de utilizarlo para aquellas mujeres que quieran abortar y deseen ver la imagen no estaría recogida en ninguna guía profesional.
"Existe consenso en hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión (en caso de requerirse, seguir el principio ALARA, (As Low As Reasonably Achievable)"
Sí que hay consenso en un uso, prudente, del Doppler, la ecografía por ultrasonido para la evaluación del latido, pero recuerdan que la Guía de Práctica Clínica de SEGO sobre la Gestación precoz, del año 2021, recomienda que “la evaluación con Doppler solo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica” y “en la gestación temprana…. se recomienda utilizar preferiblemente el modo-M para determinar la frecuencia cardiaca embrionaria”.
Si nos vamos a la Sociedad Internacional de Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología (ISUOG) en el 2021 recomendó “en periodo embrionario (hasta la 10+6 semana) el Doppler espectral, color, power Doppler u otras modalidades de Doppler no deben ser utilizadas rutinariamente. En periodo fetal (de 11 a 13+6 semana) puede ser utilizado rutinariamente para ciertas indicaciones clínicas, como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas”. "En definitiva, existe consenso en hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión (en caso de requerirse, seguir el principio ALARA, (As Low As Reasonably Achievable)".
Con todo esto, la SEGO señala que, si se confirman las medidas anunciadas, "creemos que la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales".