Este marzo de 2021 también se cumple un año de la irrupción de los primeros casos de Covid-19 en las prisiones españolas. El responsable de la sección sindical de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM Prisiones), Pedro Antonio Martínez, analiza cómo ha sido el año de la pandemia de Covid-19 y carga contra Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior ante la "deriva" de Sanidad Penitenciaria y la gestión de esta crisis sanitaria.
"Durante este año de pandemia hemos visto una y otra vez la incapacidad de la Administración penitenciaria y del Ministerio del Interior para responder a situaciones sanitarias. Los sanitarios de prisiones hemos quedado en tierra de nadie, abandonados a nuestra suerte, dependiendo de relaciones personales con las comunidades autónomas y casi siempre en último lugar", asegura el líder sindical.
CESM Prisiones sobre la gestión del coronavirus en las cárceles: "El Ministerio del Interior se limitaba a solicitar la colaboración de las CCAA y ésta a veces llegaba y otras no"
Martínez recrimina que han sido los propios profesionales sanitarios que han sido ellos quien se han tenido que movilizar para que se realicen test de anticuerpos y PCR y también para conocer la situación de las prisiones, elaborar protocolos propios y "convencer a las direcciones de los centros (sin criterios uniformes) a la hora de tomar medidas para evitar la transmisión del virus". Algo que CESM Prisiones hace extensible al actual plan de vacunación en los centros penitenciarios.
"En todos los casos expuestos, el Ministerio del Interior se limitaba a solicitar la colaboración de las CCAA y ésta a veces llegaba y otras no", afirma Pedro A. Martínez.
"A día de hoy tenemos un ejemplo en el centro penitenciario de Ocaña I, una institución cerrada con una transmisión comunitaria desbocada y sin posibilidad de hacer PCR, porque de común acuerdo la comunidad y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias han considerado que con los test de antígenos es suficiente. Omitiendo que con PCR se diagnostican más asintomáticos, se ataja antes la transmisión y se puede conocer la carga viral, ¿es mejor ignorarlo? ¿En cuántas instituciones cerradas de la comunidad se ha aplicado ese criterio? ¿En cuántos colegios? ¿Es cierto entonces que la atención sanitaria en la prisión es ‘de segunda’? ¿Están las personas privadas de libertad condenadas a tener una sanidad precaria? ¿Nuestra Constitución permite estas diferencias en cuanto a derechos fundamentales? ¿Creemos que debe ser así?", reflexiona este médico de la Sanidad Penitenciaria.
"En pleno siglo XXI, ¿es posible concebir el aislamiento informático con los hospitales de referencia? ¿Es lógico que pase más de un mes para poder conocer los resultados de análisis o radiografías? ¿Es normal no tener acceso a los antecedentes médicos de alguien de tu provincia que entra en prisión? ¿Hasta cuándo debemos seguir desconectados de los sistemas informáticos de las CCAA? ¿Acaso esto tiene que depender de las buenas relaciones personales o gestiones individuales? Me pregunto cómo es posible, por poner un ejemplo, que el proyecto de telemedicina de Castilla-La Mancha lleve aparcado dos años, y en estos tiempos de pandemia sigan teniendo que desplazarse los pacientes a las consultas", prosigue Martínez.
CESM Prisiones se pregunta acerca de cuánto tiempo aguantará la sanidad penitenciaria con plantillas que no llegan al 50% y plantea nuevamente al Gobierno la necesidad de que se haga efectiva la transferencia de competencias de la Sanidad Penitenciaria a las CCAA y se cumpla la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
"Hasta que eso ocurra, CESM seguirá poniendo de manifiesto está situación y luchando por una asistencia sanitaria en condiciones de equidad e igualdad", concluye Pedro A. Martínez.