El pasado viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba el impulso de una Ley de Gestión Pública del SNS que vendrá a sustituir la actual Ley 15/1997 para este ámbito. Durante su comparecencia en la Cámara Baja la responsable sanitaria aseguró que se dirigiría a “blindar la gestión pública directa del sistema sanitario”. En este contexto, García aseguró que “la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria”, a la vez que lamentaba que los intentos de privatización realizados en nuestro país han sido “obscenos, ineficientes y caros”, hasta el punto de poner “en riesgo la salud”.
Estas últimas declaraciones en la Comisión de Sanidad del Congreso no han pasado por alto para la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACHPM), referente de la sanidad privada en nuetro país, que no ha dudado en trasladar su malestar y tachar de “calumnias” estas afirmaciones vertidas por la ministra contra todas las empresas que “legítimamente” prestan servicios sanitarios bajo titularidad privada. Desde la asociación consideran que esta estrategia responde a una “intención difamatoria para crear un clima propicio a los propios intereses de Mónica García”.
"No somos ingenuo ni pensábamos encontrar una aliada en García tras haber hecho de la confrontación con la gestión sanitaria privada un caballo de batalla"
Desde la ACHPM aclaran que no les ha pillado del todo por sorpresa esta actitud de la titular de Sanidad, quien siempre ha mostrado una postura bastante contraria a la gestión privada. “No somos ingenuos ni pensábamos encontrar una aliada en García tras haber hecho de la confrontación con la gestión sanitaria privada un caballo de batalla en su etapa como oposición en la Comunidad de Madrid, pero no esperábamos que sólo dos meses después de su llegada al Ministerio nos sorprendiera con estas afirmaciones dañinas y falsas”, admiten.
El sector sanitario privado comprende, aún menos, estas declaraciones tras casi cuarenta años de cooperación con el sistema público para atender las necesidades de los españoles.Cobrando un papel especialmente remarcable a lo largo de la pasada pandemia de Covid-19, cuando “pusimos nuestros recursos a disposición de la emergencia sanitaria”, destaca ACHPM, quien reivindica el papel de la privada en paliar “problemas sistémicos de la sanidad pública” y dar respuesta a “situaciones recientes que han alarmado a la población en entornos de gestión pública”.
"ACHPM y la propia sanidad privada en general saben –igual que la propia García- que la sanidad, universal y gratuita, está garantizada en España. Un modelo que compartimos"
Una de las circunstancias que más estupor ha generado en el colectivo ha sido la relación planteada por la ministra entre la sanidad privada y su incidencia en el empeoramiento de la calidad asistencial y el aumento de la mortalidad evitable. Una afirmación para la que García “no citó ningún supuesto estudio científico”, pues, prosigue ACHPM, “si hubiera ido a las fuentes, quizá habría quedado en evidencia que no se refería a estudios realizados en España y cuyos planteamientos los expertos en economía de la salud han advertido que no son extrapolables a nuestro país”.
INTENCIÓN DE GENERAR ALARMA
Desde la óptica de laAsociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada la estrategia de la ministra de Sanidad pasa por confundir la gestión privadade servicios sanitarios con el recorte de derechos al ciudadano. “ACHPM y la propia sanidad privada en general saben –igual que la propia García– que la sanidad, universal y gratuita, está garantizada en España. Un modelo que compartimos. Pese a ello, la ministra hace entender erróneamente que ‘privatizar’ quiere decir que los ciudadanos no tengan acceso a ciertos servicios sanitarios, que se introduzcan fórmulas de pago por asistencia o se escatimen prestaciones”.
Desde el sector privado alertan de que una modificación legal de este tipo llevaría "primero al caos y después, al colapso de la asistencia sanitaria"
En este sentido, el colectivo destaca que todas las CC.AA., responsables de las competencias sanitarias en España, vienen sosteniendo diversos tipos de acuerdos y colaboraciones con la sanidad privada, independientemente del color político del Gobierno regional de turno. “Acuerdos que, por cierto, también se han dado en Ceuta y Melilla, los únicos territorios cuya gestión depende aún directamente del Ministerio de Sanidad”, recuerdan.No en vano, en estas ciudades autónomas se viene viviendo una huelga médica desde hace más de 10 meses al encontrarse su sanidad a la cola nacional y europea.
COLABORACIÓN, NO CONFRONTACIÓN
Respecto a la nueva Ley de Gestión Pública avanzada por el Ministerio de Sanidad, desde el sector privado alertan de que una modificación legal de este tipo llevaría “primero al caos y, después, al colapso de la asistencia sanitaria”. En esta línea, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada pone como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde “extirpar los recursos de la sanidad privada supondría restar al total 70.000 profesionales, 49 centros con 6.800 camas, 250 quirófanos y una parte sustancial y puntera de la tecnología sanitaria”, lo que llevaría a que “más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos”.
"A menudo, la ayuda de la privada sirve para llegar donde la pública no puede y garantizar así el derecho de todos, esta colaboración ha sido y es indispensable"
Con todo ello,la ACHPM asegura que no entrará en la estrategia de “confrontación y difamación” iniciada por Mónica García y llama a seguir la estrategia de colaboración entre la sanidad pública y privada. “A menudo, la ayuda de la privada sirve para llegar donde la pública no puede y garantizar así el derecho de todos, esta colaboración ha sido y es indispensable. Tendemos la mano, una vez más, para continuar por este camino en beneficio de todos”, concluyen.