La Sanidad Penitenciaria atraviesa una situación de precariedad que afecta tanto a los profesionales como a la calidad de atención sanitaria de la población reclusa. La solución a esta enquistada situación pasa por mejorar las condiciones laborales para atraer más personal ya que pese a las oposiciones para la cobertura de plazas, en las últimas convocatorias de OPE, solamente quedaron cubiertas menos del 10% de las plazas ofertadas.
En declaraciones a ConSalud.es, el Dr. José Miguel Antolín Mugarza, vicepresidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), reclama mejoras en tres ámbitos fundamentales: condiciones profesionales, económicas y conciliación de la vida personal. Para el Dr. Antolín, una de las claves para revertir la situación es la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a los sistemas de salud de las comunidades autónomas, una medida que permitiría “resolver en gran medida la gran precariedad en la que trabajamos en la actualidad”. Según detalla: “Tenemos cubiertas menos de un tercio de las plazas disponibles según la relación de puestos de trabajo (RPT), por lo que ha aumentado nuestra carga de trabajo de manera exponencial”.
Uno de los problemas más graves es la falta de programas específicos de formación y capacitación continua. En las prisiones, la carga de salud mental y enfermedades infecciosas es alta, lo que demanda una especialización que los profesionales no pueden adquirir fácilmente. "No disponemos de programas específicos de formación y capacitación continua adecuados al trabajo que desarrollamos en este ámbito tan específico", señala el Dr. Antolín. Además, los sanitarios en prisión no pueden acceder a una carrera profesional como en otros sectores de la Administración Pública, lo cual afecta sus perspectivas laborales.
"Tenemos unas retribuciones que, de media, son entre 1.000 y 1.500 euros inferiores a las que disfrutan nuestros compañeros del SNS"
El Dr. Antolín también denuncia una desventaja salarial notable en comparación con otros profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS). "Tenemos unas retribuciones que, de media, son entre 1.000 y 1.500 euros inferiores a las que disfrutan nuestros compañeros del SNS", destaca, señalando que esta diferencia salarial es uno de los factores que hacen poco atractiva la Sanidad Penitenciaria para los profesionales.
A esto se suma la falta de interconexión con los sistemas informáticos de salud de las comunidades autónomas: "No podemos acceder de manera bidireccional a las historias clínicas, pruebas complementarias… de nuestros pacientes, lo que dificulta la correcta atención de los mismos”, explica. La situación es especialmente grave en un contexto de escasez de profesionales sanitarios.
El Dr. Antolín subraya la importancia de adaptar los turnos de trabajo para mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal de los sanitarios, especialmente dado que “la mayoría de las prisiones están desubicadas con respecto a los núcleos de población”. Adaptar los horarios a las necesidades individuales podría ser, según el portavoz de SESP, un incentivo valioso para mejorar la situación laboral.
“La Salud en prisión es una cuestión de Salud Pública de la Comunidad”
Las demandas de los profesionales sanitarios en las Instituciones Penitenciarias han ido en aumento en los últimos años, buscando mejorar sus condiciones laborales y la atención que brindan a los internos: “Los profesionales sanitarios hemos solicitado aumentos salariales que reflejen la carga emocional y física de su trabajo, así como la especialización necesaria para atender a la población penitenciaria en igualdad a lo que perciben nuestros compañeros del resto del SNS”, afirma el Dr. Antolín.
Además, se ha exigido la contratación de más profesionales para reducir la sobrecarga de trabajo y garantizar una atención adecuada a las personas que viven en prisión. El Dr. Antolín destaca también la demanda en el “acceso a formación continua en áreas específicas, como salud mental, manejo de las enfermedades infecciosas y tratamiento de los trastornos por uso de sustancias, para mejorar la calidad de la atención y la seguridad en el trabajo”.
En el ámbito de las condiciones laborales, el Dr. Antolín apunta que “las solicitudes incluyen la mejora de las instalaciones, acceso a equipos y suministros adecuados, así como la creación de espacios seguros para la atención médica”. Y no olvida las demandas referentes a los protocolos de seguridad: “Se han solicitado protocolos claros que garanticen la seguridad de los profesionales durante su labor en un entorno potencialmente peligroso”, expone Antolín.
AVANCES RECIENTES
Pese a los desafíos, algunos avances recientes han permitido una ligera mejora en la cobertura de plazas “en algunas prisiones”, mediante la contratación de personal interino, aunque muchos de estos profesionales carecen de especialización. También se ha introducido la teleasistencia, que, aunque considerada como un "parche" con detractores, ayuda en ciertos casos a paliar la falta de facultativos.
El Dr. Antolín concluye que, a pesar de algunos avances, “todavía existen muchos desafíos por enfrentar”. La presión constante de los profesionales sanitarios y la atención pública son esenciales para impulsar cambios sostenibles y significativos en la Sanidad Penitenciaria. “La atención sanitaria en las Instituciones Penitenciarias es un área que requiere atención urgente y sostenida. Abordar estos desafíos es crucial para mejorar no solo la salud de los internos, sino también las condiciones de trabajo de los profesionales que les atienden. La Salud en Prisión es una cuestión de Salud Pública de la Comunidad”.