Hace diez años, la población reclusa en nuestro país era de 55.726 internos, cuya asistencia sanitaria corría a cargo de, entre otros profesionales, principalmente enfermeros, 371 médicos; esto es, una ratio de 6,66 médicos por cada mil presos. A día de hoy, en cambio, aunque el número de reclusos ha bajado, concretamente hasta los 48.763 en este último año 2024, lo ha hecho aún más el de los médicos que trabajan en su cuidado: 169, lo que supone una ratio actual de 3,46 facultativos por cada mil reclusos, cifra que, apuntan desde ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario de prisiones en España, ha hecho “saltar todas las alarmas”.
“Evidentemente, esta falta de médicos, que han bajado hasta casi la mitad desde el 2014, revierte directamente en la atención que se dispensa a los internos… pero también en otras áreas que quizás no son tan evidentes”, señala a ConSalud.es Joaquín Leyva, funcionario de prisiones y portavoz del sindicato, quien apunta al “aumento de la conflictividad” derivada de la asistencia sanitaria insuficiente como uno de los principales problemas en los que se traduce la situación actual en las cárceles de nuestro país: “Muchas veces no se detectan determinadas patologías psiquiátricas, que se acaban evidenciando cuando se produce un incidente accidental en el que aparecen implicados uno o varios internos con los empleados”.
"La falta de médicos revierte directamente en la atención que se dispensa a los internos, pero también en otras áreas que quizás no son tan evidentes"
De hecho, estiman desde el sindicato, alrededor del 30% de los reclusos de las prisiones españolas sufren algún tipo de patología mental, mientras que el número de enfermedades crónicas en su interior también es muy elevado: VIH, diabetes, hepatitis… pero, ¿a qué responde este descenso en el número de médicos dentro de las cárceles? Joaquín Leyva da una de las claves: la transferencia, a través de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, “para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
Según esta Ley, las comunidades autónomas debían, en el plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, cumplir con la integración de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias en sus propios servicios autonómicos de salud. Pero han pasado veinte años, y, denuncia ACAIP-UGT, la Ley no se ha cumplido: “Algunos directores están ya pidiendo que otros profesionales, como los de enfermería, asuman unas competencias que realmente no son las suyas; o que firmen los traslados, que deben ser supervisados por un médico”.
"Algunos directores están pidiendo que otros profesionales, como los de enfermería, asuman unas competencias que realmente no son las suyas"
“Podemos hablar de enfermedades, como la tuberculosis, que si no son detectadas por un médico en primera instancia pueden llegar a provocar un problema de salud pública dentro del centro penitenciario”, alerta el funcionario. “Y eso que, afortunadamente, las cifras de déficit de enfermeros o auxiliares no son tan grandes”, añade. Según el sindicato, el déficit es del 10% en el caso del resto del resto de profesionales sanitarios, por el 67% que alcanza entre los médicos.
A MÁS SALIDAS DE LA CÁRCEL, MÁS RIESGO DE FUGA
Todo ello, claro está, termina por repercutir en todo el sistema penitenciario… con especial afectación a los funcionarios, sanitarios o no, que son quienes están en el día a día. Según afirman desde ACAIP-UGT, quienes a su vez citan al portal de transparencia, el número de facultativos para atender a una población reclusa de casi 50.000 presos debería ser de 517. Algo que, recuerda también Joaquín Leyva, genera falta de seguridad incluso en el exterior de los propios centros penitenciarios.
“Cuando tú no tienes médicos en las cárceles, el interno debe ir al hospital ante cualquier incidencia, custodiado por la Guardia Civil o la Policía Nacional. Esto, además de afectar a la seguridad del traslado propiamente dicha, también hace que sea mucho más fácil planificar una fuga. Cuantos más traslados realizados, más incidencias de este tipo de producen, y en los últimos diez años, coincidiendo con la continua reducción del personal, ha habido como mínimo tres intentos. Eso sin contar el colapso que se produce en las urgencias…”.
"En los últimos diez años ha habido como mínimo tres intentos de fuga durante su traslado al hospital"
Y es que, explica el portavoz de ACAIP-UGT, cuando un preso llega a una cárcel o a un hospital, debe ser atendido con la máxima prioridad posible precisamente por temas de seguridad. “En el caso de los hospitales, esto, claro está, va en detrimento de la atención a la población general. En cuanto a las prisiones, recientemente hemos tenido el caso del presunto asesino del niño de Mocejón, que ingresó en la cárcel de Ocaña. Tuvimos suerte, porque afortunadamente el médico justo estaba allí ese día y le pudo analizar, pero lo normal es que el médico solo vaya uno de cada cuatro días, y si se produce un nuevo ingreso, el preso tiene que esperar. La solución no puede ser simplemente esperar”, denuncia Leyva.
“Y aquí hablamos de enfermedad mental, pero también podríamos hablar de un paciente que llega con una enfermedad infectocontagiosa o de tipo biológico, como lo que te decía antes de la tuberculosis. El problema puede ser muy grave”, insiste el portavoz. “Además, los servicios médicos de las prisiones también atienden otras necesidades de los enfermeros y de los centros. La telemedicina es uno de los parches que han intentado poner, pero evidentemente no es suficiente. Hay que solucionar ese limbo que hay entre la administración central y las comunidades autónomas”, sentencia.