La Enfermería española ha mostrado en una carta, remitida a ambos ministros, su “profunda indignación” no solo por la exclusión de la profesión enfermera en el proceso de aprobación de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, sino también “por el tratamiento recibido durante el acto de presentación de la misma”.
Al respecto, la misiva recoge como el vicepresidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, que fue el encargado de asistir a dicho encuentro, “comprobó con bochorno, indignación, estupor y dolor cómo la profesión enfermera era ignorada y menospreciada”. Asimismo declaran sentirse “agredidos por unos gobernantes que, una vez más, solo tienen ojos para los médicos en cualquier iniciativa que se ponga en marcha”. En este sentido, el Consejo General también matiza que para Enfermería “los médicos son nuestra profesión hermana, con quienes trabajamos codo con codo, cuidando de la salud”, y que, en ningún caso, la carta va contra ellos.
Por otra parte, el Consejo General de Enfermería recuerda a los ministros Montserrat y Zoido que su colectivo ha sido de los más afectados por “esta lacra social que son las agresiones”. Del mismo modo, destacan el papel llevado a cabo hasta ahora por Enfermería en esta lucha: “Gracias a las diferentes reuniones que mantuvo esta Organización Colegial de Enfermería con las Juntas de Fiscales de las diferentes CC.AA., conseguimos primero que en varias de ellas las agresiones al profesional sanitario en la sanidad pública fuesen siempre tipificadas por el fiscal como un delito de atentado contra la autoridad, aunque el agredido no fuese funcionario sino estatutario o personal laboral”.
A su vez, la carta también rememora otras acciones de Enfermería frente a las agresiones a sanitarios como la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales Enfermeros, entre otros.
De este modo, el Consejo de Enfermería considera que las actuaciones llevadas a cabo por ambos ministros han sido una “falta de respeto institucional con la profesión y sus representantes”. Por este motivo, exigen una rectificación inmediata y una compensación acorde con el “desprecio sufrido”.
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