La incorporación del podólogo en la sanidad pública representa una oportunidad tanto para los pacientes como para los profesionales. Para los primeros, garantiza una atención especializada en patologías del pie que pueden prevenir complicaciones graves, especialmente en personas con condiciones crónicas como la diabetes. Para los podólogos, supone una nueva salida profesional en el ámbito de la sanidad pública.
Tras la inclusión de la categoría de podólogo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunciada el pasado 23 de octubre, Rosario Correa, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) y presidenta del Colegio de Podólogos de Andalucía, afirma a ConSalud.es que es “una gran noticia”. Esta decisión responde a una "reivindicación histórica de todos los colegios y del consejo, cada cual en su ámbito territorial", según afirma Correa, quien subraya que el avance contribuirá a "mejorar la calidad asistencial y, con ello, la calidad de vida de la ciudadanía".
Correa destaca que esta mejora de la atención será progresiva en la medida en que se vayan creando las plazas necesarias en el SAS. Algunas comunidades autónomas en España ya han implementado esta categoría en sus servicios de salud, con resultados alentadores. En Cantabria, por ejemplo, la figura del podólogo fue introducida en 2005 en el Hospital de Valdecilla y extendida a un centro de atención primaria en 2013. En las Islas Baleares, se ha logrado establecer un podólogo en cada hospital mediante nombramientos estatutarios. “En regiones como Andalucía, Madrid y Valencia también se ha creado la categoría estatutaria de podólogo en sus respectivos servicios de salud”, añade.
“Es una medida necesaria para prestar los servicios que la sociedad requiere y mejorar la calidad asistencial y con ello la calidad de vida de la ciudadanía”
Otras comunidades han optado por enfoques colaborativos. “En Cataluña, por ejemplo, el Colegio de Podólogos firmó un convenio de colaboración con Catsalut a fin de permitir que todos los profesionales sanitarios incluidos en este Colegio puedan prestar la atención podológica de las personas diabéticas con patologías vasculares y neuropáticas crónicas en los supuestos indicados en el Decreto 28/2009, de 24 de febrero de 2009”, explica.
Correa señala que el CGCOP trabaja para que el Gobierno incluya la atención podológica dentro de la cartera básica de salud del Sistema Nacional de Salud. “Esto significaría que dejasen de existir las diferencias que hoy existen entre comunidades autónomas, donde dependiendo de la sensibilidad de cada gobierno autonómico, los ciudadanos tienen o no acceso a la atención podológica a dentro del sistema público de salud”, denuncia. En Ceuta y Melilla, cuyas competencias sanitarias dependen del Ministerio de Sanidad, ya se ha creado la categoría profesional de podólogo mediante la Orden SND/496/2024. "El Ministerio debe ser coherente y establecer la atención podológica en la cartera básica de salud", afirma Correa, convencida de que esta medida sería fundamental para "cohesionar la asistencia sanitaria en todo el territorio".
La inclusión del podólogo en el sistema sanitario público promete beneficios significativos en términos de salud pública. El podólogo, como especialista en patologías del pie, aporta una competencia única que permite reducir las tasas de amputaciones y de mortalidad, disminuir la prevalencia de úlceras y mejorar los tiempos de cicatrización en pacientes, especialmente en los casos de pie diabético. "La actuación del podólogo mejora la asistencia y la calidad de vida de los pacientes", resalta Correa, mencionando que esto también contribuye a reducir los costes del sistema de salud.
“En el caso del pie diabético, la actuación del podólogo mejora la asistencia, y la calidad de vida de los pacientes: reduciendo tasas de amputación o de mortalidad”
En cuanto a modelos de éxito, Correa destaca el modelo Toe and Flow, que integra a cirujanos vasculares y podólogos especializados en pie diabético trabajando conjuntamente. Este enfoque ha logrado notables resultados, como una tasa de cicatrización del 80% en lesiones de pie diabético, una reducción del 50% en amputaciones y una disminución en la tasa de reulceración del 26%.
Para el CGCOP, un aspecto crucial es la lucha contra el intrusismo en la profesión, un problema que consideran una amenaza para la salud pública: “Se hace necesaria una mayor implicación de las administraciones para la lucha contra esta lacra”, sostiene Correa. “Esta cuestión que podría atajarse desde el control del uso del lenguaje (reservando el uso de palabras propias de la profesión sanitaria, a los profesionales de la salud), controlando la publicidad de servicios no sanitarios, con una aplicación efectiva de la legislación existente y con el endurecimiento de las condenas”. Además otro desafío que enfrentan es la regulación de las prestaciones sanitarias por parte de las aseguradoras, que, según Correa, han sometido a los profesionales a condiciones desfavorables. "Es necesaria una regulación de la prestación de servicios sanitarios por parte de las compañías aseguradoras," afirma.
Tras este análisis Correa concluye que para conseguir que la figura del podólogo esté presente en todas las comunidades, “es necesario incluir la figura del podólogo en la cartera básica de salud”. En esta dirección, la incorporación de podólogos en la sanidad pública andaluza es un paso clave en una mejora más amplia y uniforme del acceso a la atención podológica en España.