El MinisteriodeSanidad ha iniciado el proceso de consulta pública (hasta el 17 de septiembre) del proyecto de orden ministerial con la que “se crea la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), se regula su composición y funcionamiento de acreditación de actividades formativas”.
Según lo dispuesto en la orden, Sanidad pretende regular “la acreditación de las actividades de formación continuada impartida a los profesionales que trabajan en las instituciones sanitarias dependientes del Ingesa”, cuestión que queda definida en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Sanidad pretende crear este organismo con el objetivo de "garantizar la calidad necesaria" en la formación sanitaria continuada de los sanitarios del Ingesa
Precisamente esta ley define a la formación continuada como “el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades tanto sociales como del propio sistema sanitario”.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad se ha marcado como objetivo crear esta Comisión así como regular el proceso correspondiente, que posibilite la acreditación de la formación sanitaria continuada de los profesionales sanitarios en el ámbito del Ingesa “para garantizar la calidad necesaria en esta formación”.
ALTERNATIVAS “NO VIABLES”
En la justificación del proyecto de orden, el departamento que dirige Carolina Darias expone que existe una posibilidad alternativa de “no regular el procedimiento de acreditación en el ámbito del Ingesa y recibir la formación continuada fuera del territorio” a través de “actividades ya acreditadas en otras comunidades autónomas o bien impartir formación sin que tenga la correspondiente acreditación”.
El departamento sanitario ha contemplado dos alternativas que han sido descartadas: no regular el procedimiento a través de Ingesa y que las acredite el SAS
Sin embargo, consideran que debido a los principiosdeeficaciayeficiencia, se aconseja a la administración “disponer de un procedimiento de acreditación de actividades formativas que se adapte a las necesidades específicas formativas de estos profesionales sanitarios y permita además, acreditar actividades formativas por parte de profesionales del Ingesa que puedan tener la iniciativa de ayudar a formar a otros compañeros en determinadas materias, técnicas o procedimientos en los que ellos sean expertos”.
Por otra parte, afirman que se ha explorado otra alternativa, como es “la acreditación de estas actividades mediante el dispositivo que tiene el ServicioAndaluzdeSalud (SAS)”. Igualmente, esta opción ha sido descartada “por tener muchas dificultades de carácter jurídico, motivo por el cual, estas acreditaciones tendrían carácter marginal y, por tanto, no resolvería el 100% de las necesidades de acreditación en Ingesa”.
ANÁLISIS DE IMPACTOS
El Ministerio de Sanidad asegura que la orden “no tiene un impacto sobre la economía en general” ni “efectos significativos sobre la competencia”. A nivelpresupuestario, sí que afectará a las cargas administrativas con un coste total de 1.152 euros y también tendrá un impacto sobre los presupuestos del Ingesa. Sin embargo, indican que “cuantitativamente no es significativo y puede ser equivalente al 0.011%, dependiendo del volumen de la actividad acreditadora”.
Sanidad reconoce que la norma tendrá impactos positivos sobre la calidad de la atención sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios
Por su parte, sí que reconocen que tendrá impactos sobre otros aspectos. Por ejemplo, sobre la calidad de la atención sanitaria, asegurando que “la acreditación de las actividades formativas tendrá un impacto directo en la calidad de la formación, y por lo tanto tendrá impacto en la mejora de las competencias de los profesionales y en última instancia mejora la calidad de la atención a los pacientes”.
Finalmente, la norma repercutirá sobre las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Así, destacan que “a los profesionales a quienes van dirigidas esas actividades formativas dado que les supone una ventaja adicional, al estar esta formación acreditada, una vez realizada, será considerada a todos los efectos como mérito en procesos selectivos, concursos. etc.”.