Elegido por unanimidad por los miembros de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido, Rubén Rodriguez Duarte sustituye en la presidencia a Víctor Sánchez, quien ha ocupado el cargo durante los últimos 9 años. Esta plataforma es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 2007 por la mejora de las condiciones de vida de las personas con daño cerebral aquirido (DCA) y sus familiares, poniendo en común los conocimientos y aptitudes de las entidades que la componen para realizar acciones encaminadas a concienciar a la sociedad civil de la situación en la que vive este colectivo en nuestro país.
Rodriguez Duarte es neuropsicólogo y en la actualidad ocupa el puesto de director de Neurorrehabilitación del Instituto Chárbel de Jerez y Málaga. Además, es vicepresidente de la SENRh (Sociedad Española de Neurorrehabilitación) y cuenta una dilatada trayectoria profesional en el campo de la rehabilitación del daño cerebral adquirido.
“Asumo esta responsabilidad con toda la ilusión del mundo y espero poder aportar toda mi experiencia para seguir impulsando la visibilidad del daño cerebral adquirido y sus consecuencias para los pacientes y sus familias”, ha señalado el nuevo presidente.
La no existencia de un Plan Nacional sobre Daño Cerebral Adquirido provoca que las personas con este tipo de dolencias tengan serias dificultades a la hora de encontrar información sobre recursos asistenciales que cubran sus necesidades y las de sus familias
Actualmente el daño cerebral adquirido afecta a más de 650.000 personas en España, una cifra que cada año aumenta sustancialmente por la alta incidencia del ictus en nuestra sociedad. Se trata de una lesión producida de forma súbita en el cerebro, ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, infecciones, anoxias, tumores... Sus efectos son bastante discapacitantes, tanto en lo que se refiere a problemas físicos como a problemas en el habla (afasias), problemas de memoria y percepción o problemas de conducta y confusión.
Como denuncian los expertos, la no existencia de un Plan Nacional sobre Daño Cerebral Adquirido provoca, además, que las personas con este tipo de dolencias tengan serias dificultades a la hora de encontrar información sobre recursos asistenciales que cubran sus necesidades y las de sus familias.