Esta semana el Boletín Oficial del Estado hacía público que el 024, el teléfono del suicidio, será gestionado por la Cruz Roja Española mediante una subvención directa por valor de más de dos millones de euros, concretamente un total de 2.049.750 euros. Según recoge el BOE, será una línea telefónica disponible de forma gratuita las 24 horas del día, que empezará a funcionar en mayo y estará en activo durante un periodo de un año. Es una de las acciones que está implementado el Gobierno con el objetivo de mejorar la salud mental de los españoles y trabajar en la prevención del suicidio.
Con todo, la medida no ha recibido el visto bueno de los expertos, que lamentan que sea “una subcontratación a dedo” sin garantías de continuidad, más aún si tenemos en cuenta que en 2023 hay elecciones. En otras palabras, una “medida perfectamente desmantelable y que se puede retirar dentro de un año”, asegura a ConSalud.esJavier Prado Abril, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (anPIR).
Para los psicólogos clínicos, no es una buena idea por diferentes motivos. Para empezar, porque el consenso científico y profesional apuesta por un Plan Nacional de Prevención del Suicidio liderado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, “que permita vertebrar acciones de país para un tema de salud pública tan grave”.
“Cuando tenemos un Gobierno que dice que la salud mental está en el epicentro de sus políticas y nos encontramos con la ausencia de un plan de estas características, evidentemente resulta en un plan que está de espaldas a la evidencia científica, al consenso profesional y de los pacientes y que responde a otros fines, probablemente mediáticos o efectistas”, critica Prado.
"Es muy probable que esta medida no vaya a tener ningún impacto y si lo tiene, será marginal"
Una vez más, parece que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, con Carolina Darias a la cabeza, ha apostado de nuevo por campañas y declaraciones de buenas intenciones que poco redundarán en los pacientes. Un ejemplo más de la “hipocresía” del Ministerio que ya han denunciado los psicólogos con las campañas de salud mental que instan a los pacientes a pedir ayuda, en un sistema escaso de profesionales y en el que siguen sin aumentarse las plazas PIR, el punto de partida para realmente mejorar la salud mental de los ciudadanos.
Este teléfono de prevención del suicidio, si estuviese bien planteado, sería una medida que, dentro de un plan global coordinado e integrado en la sanidad pública, “tendría sentido” y reduciría las cifras de suicidios, que recordemos en el 2020 “fueron las mayores de la historia desde que tenemos datos, que es desde el año 1906”. Este es el momento para tomar acciones que solucionen un problema como el suicidio, que acaba con la vida de 11 personas cada día en nuestro paísy ya es la primera causa de muerte no natural en España.
En cualquier caso, si el Ministerio de Sanidad considera que esta es la mejor apuesta por la salud mental, ¿por qué se establece solo para un año? “Deben plantear soluciones estructurales, que dejen legado. Deben invertir en la sanidad pública, reforzar su resiliencia y sostenibilidad, más aún después de dos años de pandemia que han tensionado y dejado hecho girones el Sistema Nacional de Salud. Hay que plantear políticas estructurales que permitan mejorar la capacidad del sistema sanitario, no medidas cortoplacistas, porque si dentro de un año desmantelamos el teléfono del suicido, ¿para qué han servido esos dos millones de euros?”, se pregunta el portavoz de anPIR.
“Es reincidente no trabajar en la mejora de la atención a la salud mental desde la sanidad pública. Y preocupante también”
Desde la asociación de psicólogos clínicos esperan equivocarse, aunque lamentan que “es muy probable que esta medida no vaya a tener ningún impacto y si lo tiene, será marginal”. La apuesta de los psicólogos: invertir directamente en la sanidad pública, “que cuando está bien dotada y financiada, sabemos que resuelve problemas y ayuda a la gente”.
SALUD MENTAL, UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGUNDA
No solo eso, sino que esta subvención a la Cruz Roja abre otro debate: ¿qué modelo de sistema sanitario nos dibuja esta decisión? ¿Queremos ir hacia un modelo de sistema sanitario que subvenciona a ONG para que ofrezca servicios básicos a los ciudadanos? Este psicólogo clínico asegura que las ONG son instituciones con una gran labor social, pero cuyo cometido “no debe ser procurar servicios de carácter básico”. Y es que esta subcontratación sería impensable en términos de ofrecer servicios quirúrgicos o para el tratamiento del cáncer, “pero con la salud mental sí se hace”.
La lectura que se podría sacar de esta decisión es que, aunque el Ejecutivo de Sánchez ha reafirmado su compromiso con la salud mental, parece que a fin de cuentas, la considera “una atención especializada de segunda respecto a otro tipo de enfermedades y problemas médicos”.
Para anPIR, llueve sobre mojado. “Es reincidente no trabajar en la mejora de la atención a la salud mental desde la sanidad pública. Y preocupante también”, concluye el portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, Javier Prado Abril.