Los Colegios Oficiales de Fisioterapeutas, de Podólogos, de Ópticos-Optometristas, de Logopedas, de Terapeutas ocupacionales y de Dietética y Nutrición han pedido de forma conjunta el cierre de sus clínicas ante la crisis sanitaria originada por el coronavirus. En un comunicado conjunto, han reclamado la inclusión de sus profesionales entre los establecimientos de obligado cierre al amparo del RD 8/2020, exceptuando las urgencias.
Estas seis profesiones sanitarias argumentan al respecto “no poder garantizar evitar contribuir al contagio de nuestros pacientes y profesionales"
Recuerdan que las intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente, muy próximo y sostenido en el tiempo, de tal manera que aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el/la paciente.
La gran mayoría de los procedimientos terapéuticos, añaden, "se realizan por procesos patológicos que pueden ser aplazados por su carácter no urgente, para evitar así contribuir a la propagación del virus entre la ciudadanía que acude a nuestros centros; en tanto que el riesgo que supone el desplazamiento y el contacto mantenido para realizar el tratamiento es mayor que el beneficio que producirían nuestros procedimientos terapéuticos".
Estas seis profesiones sanitarias argumentan “no poder garantizar evitar contribuir al contagio de nuestros pacientes y profesionales"
El sector privado/liberal de la gran mayoría de nuestras profesiones, representa aproximadamente el 90% del total de nuestras colegiadas y colegiados, esto supone un total de 105.000 profesionales en España. En este contexto, "no disponemos de material de protección necesario ni para los pacientes ni para los profesionales, y tampoco podemos proceder a su adquisición debido a la carencia general existente".
Argumentan, además, que los modelos de propagación del virus aconsejan la restricción de movimiento de las personas, de manera que la asistencia de la ciudadanía con frecuencia a nuestros centros, y sin poder tomar las medidas de protección adecuadas, provocará un aumento en el número de contagios, aspecto especialmente capital si tenemos en cuenta que el sector poblacional que normalmente acude a nuestros servicios en consideración a su edad y patologías previas, es población de especial protección o bien población de especial cuidado por su capacidad de ser vector de contagio.
Por todo esto se hace evidente que "nuestros centros son espacios de alto riesgo para nuestros pacientes hecho que les provoca temor a la hora de asistir, y a su vez no podemos dejar de lado nuestro deber inexcusable, como profesionales sanitarios, de protegerles".
Recuerdan que los centros de estas seis profesiones han decidido de forma mayoritaria, por responsabilidad, cerrar sus instalaciones para preservar la salud de sus pacientes y la de los propios profesionales, atender solo urgencias previa valoración telefónica, que puedan ayudar a evitar el colapso del Sistema Sanitario Público. Esta situación, unida a la Orden SND 232/2020 que indica claramente que los establecimientos pueden permanecer abiertos, "provoca una indefensión manifiesta para poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, ha determinado el Consejo de Ministros", exponen en su escrito.
Finalmente, recuerdan al Ministerio de Sanidad, y por ende al de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que "nuestros colectivos representan a centros en los que se realizan procedimientos terapéuticos específicos ambulatorios, sin ingreso, y no a centros sanitarios con servicio de hospitalización. Por lo que la regulación de ambos debe estar diferenciada por este factor"