El pasado 14 de marzo la Comisión de Sanidad del Congreso dio luz verde a la puesta en marcha de la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia con la aprobación de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Entre los aspectos recogidos en la misma, se estipula también adoptar medidas para mejorar la financiación y favorecer la contratación de profesionales sanitarios en el ámbito de la salud mental. Sin embargo, algunos de los elementos incluidos en la Proposición han generado controversia en el colectivo de los psicólogos.
La nueva PNL fue impulsada por ERC en la Cámara Baja gracias a los 34 votos a favor y tres abstenciones (Vox), tras una enmienda del Grupo Socialista, el Grupo Popular y Sumar. Por un lado, la iniciativa plantea alcanzar un consenso entre comunidades autónomas, pacientes y sociedades científicas para regular la creación de la nueva especialidad. Un extremo largo tiempo esperado por los psicólogos. “Muestra un consenso político sobre la pertinencia de impulsar la especialidad, pero es más preocupante que positiva”, indica a ConSalud.es el presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR), Javier Prado.
Más allá de que la PNL reme a favor de asegurar las alrededor de 400 plazas formativas, el hecho de promover que puedan contratarse psicólogos no especialistas desincentivará el propio fin
Entre los focos de preocupación de muchos de estos profesionales se encuentra el hecho de que implica derogar la DA 7ª de la Ley General de Salud Pública, que garantiza que deben ser especialistas quienes atiendan al paciente en el Sistema Nacional de Salud. De esta manera, se da la contradicción de impulsar la nueva especialidad y fomentar la creación de estas plazas PIR en Infancia y Adolescencia; y, por el otro, se abre las puertas a que los servicios de salud autonómicos dispongan de vía libre para contratar psicólogos sin la oportuna formación especializada.
Desde un importante espectro del colectivo observan que, más allá de que la PNL reme a favor de asegurar las alrededor de 400 plazas formativas, el hecho de promover que puedan contratarse psicólogos no especialistas desincentivará el propio fin con el que se pretende crear la especialidad. “Si da igual tener especialistas, ¿por qué formarlos?”, se pregunta Prado.No en vano,el ámbito de la psicología infantil y juvenil se ha hecho cada vez más complejo y por su singularidad requiere que los profesionales que asistan a los menores dispongan de una formación específica para "no mercar la calidad asistencial".
SABOTAJE DESDE DENTRO
En la misma línea, desde la Sociedad Española de Psicología Clínica se muestran “estupefactos” porque la iniciativa “haya colado algunos manejos políticos”, como el de “regularizar la situación de hasta a 300 profesionales catalanes, contratados de manera irregular, sin la formación oportuna y por la puerta de atrás”. El presidente de SEPC-ANPIR observa que la PNL planteada por ERC y aprobada por la Comisión de Sanidad ha servido como "excusa" para normalizar unas "políticas de contratación anómalas" que venían desarrollándose en Cataluña durante los últimos años.
“Viene promovida por Esquerra Republicana, por lo que entendemos que su interlocutor puede haber sido el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, que son quienes tienen conflictos de intereses"
Estas “preocupantes disposiciones” que ampara la iniciativa ratificada en el Congreso, hacen sospechar a Javier Prado que la influencia de los colegios profesionales de psicólogos puede haber jugado un papel determinante. “Viene promovida por Esquerra Republicana, por lo que entendemos que su interlocutor puede haber sido el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña –adscrito al nacional-, que son quienes tienen conflictos de intereses y suelen plantear este tipo de cuestiones”, denuncia Prado, quien, concluye, “no tiene un posicionamiento muy favorable al desarrollo de la especialidad por una serie de intereses privados”.
EN PLAZAS VACANTES, PSICÓLOGOS SIN PIR
Por su parte, para el Consejo General de la Psicología de España (COP) –que agrupa los diferentes colegios de psicólogos del país- la reciente PNL tampoco ha resultado de su pleno agrado por “quedarse corta”. A su entender, la urgencia por incorporar a más psicólogos a un Sistema Nacional de Salud carente de suficientes especialistas -singularmente en Atención Primaria- hace necesaria la contratación de profesionales sin PIR de manera inmediata. Sin embargo, la propia Proposición No de Ley apunta a un necesario “acuerdo con las CC.AA.” para poder modificar la actual normativa vigente.
Los pacientes que acuden a Atención Primaria con el fin de recibir asistencia en salud mental afrontan largas esperas hasta ser atendidos por un psicólogo, lo que dificulta la continuidad asistencial
El COP ha querido aclarar también que son partidarios de la ampliación de plazas PIR, pero eso no descarta que el actual escenario de falta de especialistas capaces de cubrir las necesidades del SNS justifique también la entrada al sistema de salud pública de profesionales titulados en Psicología General. No en vano, los pacientes que acuden a Atención Primaria con el fin de recibir asistencia en salud mental afrontan largas esperas hasta ser atendidos por un psicólogo, lo que dificulta la continuidad asistencial. Una ayuda que podrían aportar, como medida de urgencia, los psicólogos sin PIR.
En este contexto, el campo de la psicología se debate entre defender la actual legalidad y blindar la oportuna calidad asistencial especializada a los pacientes, o ‘abrir la mano’ a los titulados en psicología general ante la escasez de compañeros suficientes con PIR. Una dicotomía que viene haciéndose cada vez más presente en nuestra sanidad, dado el importante desafío de asegurar la asistencia sanitaria a una población en crecimiento con unas plantillas cada vez más mermadas por las jubilaciones y la falta de efectivos suficientes. En este sentido, la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología es unánime en su defensa de la especilidad de psicología clínica y su vía de acceso mediante el sistema de residencia en Unidades Docentes Multiprofesionales de Salud Mental del SNS.