Hace tan solo unos días se produjo una situación atípica en El Garrobo, una localidad de la provincia de Sevilla (Andalucía). La Unidad de Gestión de Guillena-Santa Olalla comunicó al consistorio del municipio la imposibilidad de cubrir el puesto de Urgencias los días 24 y 25.
La noticia no tuvo una buena aceptación entre los habitantes de El Garrobo, que decidieron presentarse ante las puertas del centro de salud al finalizar la guardia de la facultativa, impidiendo su salida del consultorio. La galena estuvo retenida durante horas mientras los vecinos la amenazaban y coaccionaban llegando, incluso, a colocar coches en la puerta para bloquear su salida. Por todo ello y dada la gravedad de los hechos, tuvo que presentarse la Guardia Civil.
"Mostramos nuestra profunda preocupación por el posible papel que haya podido jugar la institución municipal en canalizar una legítima protesta hacia una acción de retención de un trabajador que había concluido su jornada laboral"
Ante esta situación, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha iniciado medidas legales contra el Ayuntamiento de El Garrobo por los acontecimientos ocurridos en dicha localidad. En este contexto, la corporación que preside el doctor Serafín Romero ha manifestado su "apoyo" y "solidaridad" con la médica tras la coacción sufrida, así como el respaldo al Colegio Oficial de Médicos de Sevilla por sus actuaciones en el mismo sentido.
"Mostramos nuestra profunda preocupación por el posible papel que haya podido jugar la institución municipal en canalizar una legítima protesta hacia una acción de retención de un trabajador que había concluido su jornada laboral; e iniciamos las medidas legales encaminadas a una investigación que clarifique si este comportamiento ha existido, si puede suponer un delito de detención ilegal, y, en todo caso, depurar las responsabilidades personales que puedan existir", han apuntado.
CESM ha querido manifestar su "más enérgica condena y repulsa de estos hechos, delictivos a todas luces, que ponen en entredicho el estado de derecho"
En la misma línea, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha querido manifestar su "más enérgica condena y repulsa" de estos hechos, "delictivos a todas luces, que ponen en entredicho el estado de derecho, el libre ejercicio de las libertades públicas, la práctica serena y segura del ejercicio profesional, que deteriora gravemente la relación médico-paciente, la salud laboral y la seguridad de los pacientes".
UNA LACRA QUE NO CESA
Tal y como exponen los datos del Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace nueve años, los datos de violencia registrados en 2018 ascienden a 490 casos, de los que el 59% corresponden a médicas.
Desde la entidad colegial reiteran que muchos casos de agresión tienen relación con situaciones como la masificación de consultas y de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de recursos humanos y la precariedad laboral de los profesionales.