La preocupación por el estado sanidad penitenciaria ya traspasa los muros de las propias prisiones españolas. CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y sida, ha organizado esta semana unas jornadas sobre el presente y el futuro del sistema sanitario de las cárceles españolas que ha servido como punto de reflexión sobre lo que está ocurriendo.
"Hace dos años, en estas mismas jornadas, pedimos la urgente transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas autonómicos de salud. Esto no ha sucedido y la sanidad es un barco que se hunde por la falta de relevo de profesionales sanitarios, entre otros motivos", alertó Ramón Espacio, presidente de CESIDA. El personal sanitario de prisiones ha manifestado hace unos días su intención de convocar una huelga general ante las malas condiciones laborales de su sector.
"En España se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas"
La jornada 'Presente y futuro de la sanidad penitenciaria' sirvió como todo un debate acerca de la situación que están padeciendo los servicios de salud de las prisiones. "En España se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas", remarcó Javier Vilalta, de la Asociación Àmbit, dedicada a la intervención con personas privadas de libertad.
SALUD MENTAL EN PRISIONES
Uno de cada cuatro reclusos, es decir, el 25,6% de las personas reclusas tiene una patología mental, y la cifra se eleva a casi la mitad de la población (49,6%) si se tienen en cuenta el abuso o dependencia de drogas. Vilalta explica que muchas de las personas encarceladas en realidad serían inimputables, es decir, que su enfermedad mental les exime de la pena por el delito, pero la falta de recursos de salud mental en la sanidad pública tiene como consecuencia que terminen en prisión.
José Antonio Martín, coordinador del grupo de trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó que para dar respuesta a la situación de privación de libertad de personas con enfermedad mental se creó el Programa Puente, pero denunció la falta de dotación presupuestaria para implementarlo.
La Ley de Cohesión de Sanidadde 2003 daba un plazo de 18 meses para transferir las competencias de sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a los servicios autonómicos de Salud. "¿Por qué no se cumple la ley?", pregunta Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Instituto Catalán de Salud, la única comunidad junto con el País Vasco que sí tiene transferida la sanidad penitenciaria.
TRANSFERENCIAS
La subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martinez Aznar, explicó el trabajo realizado desde su departamento para avanzar la negociación de las transferencias en 14 comunidades autónomas en el escaso tiempo que lleva en el cargo. Además, destacó su labor para progresar en la compatibilidad de los sistemas informáticos y la Telemedicina entre centros penitenciarios y los sistemas autonómicos de salud como primer paso para hacer posible este logro.
Alfredo Martínez, director de Asistencia Sanitaria al Paciente de Navarra, explicó que el proceso de transferencia en su comunidad estaba muy avanzado, pero dada la situación política no sabe si se podrá culminar en los próximos meses.
FALTA DE PROFESIONALES
La portavoz de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), Carmen Hoyos, puso en énfasis en la situación crítica que vive actualmente la sanidad penitenciaria, especialmente por la falta de profesionales y de relevo dada la precariedad y la desigualdad salarial existente entre los médicos de atención primaria y los de sanidad penitenciaria. "Un médico o farmacéutico cobra unos 1450€ menos mensuales, los enfermeros de prisiones cobran 300€ menos", explicó Hoyos.
La falta de profesionales en algunos centros penitenciarios es flagrante. En Ibiza, por ejemplo, han estado sin médico de octubre a enero y en Puerto 1 de junio a septiembre. Además, esta situación se agrava por la próxima jubilación de casi el 80% de la plantilla sanitaria penitenciaria.
La falta de profesionales en algunos centros penitenciarios es flagrante: en Ibiza han estado sin médico de octubre a enero
La situación de vulneración de derechos es más grave en colectivos que sufren mayor estigma como son las personas trans. Manuel Ródenas, coordinador del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha hablado de los numerosos casos en los que una persona trans es asignada a un módulo que no se corresponde con su identidad de género, a pesar de que existe una instrucción que lo regula.