Pistolas eléctricas para frenar las agresiones a sanitarios de las prisiones

CSIF ha registrado una petición formal para Instituciones Penitenciarias en la que reclama que se dote a los funcionarios de estos aparatos ante "potenciales agresiones".

Institución penitenciaria (Foto. Freepik)
Institución penitenciaria (Foto. Freepik)
CS
5 abril 2019 | 00:00 h
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CSIF registró hace unos días una petición formal a Instituciones Penitenciarias en la que reclamaba que se dotase a los funcionarios de prisiones de pistolas eléctricas para defenderse ante "potenciales agresiones" y que se endurezcan las faltas y sanciones disciplinarias a los reclusos.

Se trata de armas de defensa capaces de provocar descargas de hasta 50.000 voltios. Sin embargo, no parece que esta propuesta vaya a tener un largo recorrido. Según publica El Periódico de Aragón, el Ministerio del Interior va a rechazar esta petición.

CSIF reclama un medio defensivo eléctrico que permita incapacitar a los reclusos ante situaciones "agresividad o violencia inusual"

¿Por qué? Fuentes de este diario han asegurado que en Instituciones Penitenciarias no creen que sea buena idea meter armas en prisión, por una cuestión de seguridad. "No está claro que las descargas eléctricas que dan esas pistolas sean inofensivas para quienes las reciben", añaden esas mismas fuentes.

LA PROPUESTA DE CSIF

CSIF señala la necesidad de actualizar el catálogo de medios coercitivos, habida cuenta de que los trabajadores penitenciarios desarrollan su función con un colectivo en el que predominan los comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas.

En este sentido, el sindicato reclama un medio defensivo eléctrico que permita incapacitar a un sujeto que dé muestras de una "agresividad o violencia inusual" y una "feroz resistencia" frente a la actuación del funcionario, pudiendo derivar en previsibles y serias lesiones.

De la misma manera, CSIF insiste en la necesidad de considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para reforzar su seguridad y una mejora del Protocolo de Agresiones, que incorpore medidas preventivas, adecuadas y un incremento en el presupuesto para reforzar las actuales medidas de protección de funcionarios (chalecos, guantes…)

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