La experimentación científica con presos ha salido a debate tras haberse "paralizado cautelarmente" la pasada semana un estudio con reclusos de las prisiones de Huelvay Córdoba que desde 2016 analizaba como la estimulación eléctrica cerebral podría ayudar a controlar su agresividad.
El objetivo del estudio era explorar los efectos sobre personas violentas de la estimulación transcraneal con electrodos, siguiendo un protocolo previamente establecido y ya utilizado en experiencias anteriores. A las personas presas se le suministraba una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente para poder evaluar antes y después sentimientos como la hostilidad y la rabia.
A las personas presas se le suministraba una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente para poder evaluar antes y después sentimientos como la hostilidad y la rabia
La investigación está pilotada por Raquel Martín, una joven doctoranda, y coordinada por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Los primeros resultados se publicaron en enero en la revista Neuroscience y fueron divulgados el pasado miércoles en la revista británica New Scientist. Estaba previsto que este mismo mes se iniciasen nuevas labores del estudio en la cárcel de Huelva.
RECHAZO A ESTE TIPO DE INICIATIVAS
"Las personas que trabajamos en los centros penitenciarios queremos que la universidad “entre en las cárceles” para abrir mentes, desterrar mitos, aportar nuevas ideas y mejorar, en definitiva, la vida tanto de quienes están allí contra su voluntad como de los que intentamos cada día que su vida sea más segura, digna y saludable y que este periodo obligado sin libertad, sea lo menos traumático posible. En este sentido debemos agradecer que la Universidad de Huelva haya planteado un estudio que pudiera llegar a ayudar a personas privadas de libertad por delitos de carácter violento, contando con el beneplácito de comités de ética, como no puede ser de otro modo", reconocen fuentes de CSIF-Prisiones.
"Queremos que la universidad entre en las cárceles para abrir mentes, desterrar mitos y aportar nuevas ideas"
Fuentes de la sección de Prisiones de la organización sindical aseguran a ConSalud, que este experimento ha generado "inquietud" entre los funcionarios de prisiones porque "por razones que desconocemos ni el servicio médico de la prisión de Huelva ni el de la prisión de Córdoba fueron informados de que este estudio se iba a llevar a cabo".
En este sentido, CSIF-Prisiones indica que en el epígrafe del articulo de Neuroscience se especifica que han sido criterios de exclusión los implantes de metal, los diagnosticados de epilepsia, psicosis y otras enfermedades neuropsiquiátricas que estuvieran en tratamiento médico.
"¿Cómo se puede tener acceso a esa información si los servicios médicos de Huelva y Córdoba ignoran la existencia del estudio? Parece que el trabajo de campo se ha realizado en el año 2016, con el anterior Equipo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Coordinación de Sanidad, etapa lamentable en la sanidad de las prisiones. Es el momento de dar explicaciones y así lo exigimos", aseguran desde la organización sindical.
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRATO HUMANO
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) se ha posicionado "rotundamente en contra" de la experimentación llevada a cabo desde el año 2016 con 41 personas presas en las cárceles de Huelva y Córdoba. Para la organización vulnera el principio de trato humano y “va contra nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional».
El experimento utiliza técnicas de estimulación transcraneal con corriente eléctrica que se aplica a los internos participantes. Estas técnicas, denuncia la Apdha, son invasivas ya que afectan a un órgano interno como es el cerebro. Además, tal investigación, sentencian, no cumple las condiciones imprescindibles que establece el reglamento penitenciario, por lo que esperan que no se reanude.
Así, desde la Apdha celebran que el Defensor del Pueblo Español (DPE) haya iniciado una investigación de oficio al respecto y ponen en duda, al igual que el DPE, “la voluntariedad” para participar en el proyecto de una persona que se encuentra dentro de una institución cumpliendo condena.
En este sentido, desde el colectivo andaluz recuerdan que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en su artículo 7 que “nadie puede ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”, una prohibición que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró en su Observación General nº 21 sobre el trato humano a las personas privadas de libertad. Por ello, la asociación advierte de que la investigación desarrollada en las dos prisiones andaluzas “no solo sería contraria al ordenamiento internacional, sino que puede ser considerada como una vulneración del principio de trato humano de las personas privadas de libertad”.
“Nadie puede ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”
El colectivo señala que esta investigación “también puede vulnerar nuestro Reglamento Penitenciario” ya que, según sostienen desde el área de cárceles de la asociación, “el artículo 211 del reglamento establece dos condiciones para realizar investigaciones médicas a las personas que se encuentran dentro de prisión”. En primer lugar, afirman, dicha investigación “debe tener un efecto directo y significativo en la salud de la persona” y, en segundo lugar, “la experimentación debe llevarse a cabo con idénticas garantías que las personas en libertad”.
En este sentido, apuntan desde la asociación, “no es suficiente con la mera obtención del consentimiento informado ya que, debido a la coerción o a la influencia indebida dentro de la prisión, es necesario asegurar que dicho consentimiento es totalmente voluntario y verdaderamente informado”. Desde de Apdha consideran que no se dan ninguna de las dos condiciones por lo que esperan que no se reanude la investigación.