El Colegio de Podólogos de Andalucía ha obtenido esta semana una sentencia de conformidad condenatoria contra una persona por ejercer como profesional de la Podología en Almería pese a que carecía de la titulación exigida, el grado o diplomatura en Podología, así como la licencia profesional. La corporación colegial interpuso la querella por delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 403 del Código Penal y el Juzgado de Instrucción de Almería acaba de dictar una sentencia condenatoria con pena de prisión e indemnización.
El tribunal ha considerado probado que esta persona ejercía la profesión de podólogo "sin encontrarse en posesión de título o licencia que le habilitase para la citada actividad" y, así mismo, que para su ejercicio "se anunciaba de forma pública mediante carteles en dicha consulta y en la aplicación Google Street View".
Se trata de una de las cuatro sentencias favorables obtenidas en menos de un año en materia de intrusismo por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía
Se trata de una de las cuatro sentencias favorables obtenidas en menos de un año en materia de intrusismo por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, presidido por Jorge Barnés, y que se suma a las dos dictadas en la provincia de Sevilla y una en Málaga.
La lucha contra el intrusismo y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión es "una de las prioridades" de la Junta de Gobierno de la institución colegial que, actualmente, tiene abiertos 40 procesos en juzgados de todas las provincias de Andalucía.
El Colegio Profesional de Podólogos se ha mostrado "satisfecho" con esta sentencia ya que "persigue esta práctica ilegal de la profesión sanitaria de su competencia, que no sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados, sino también y sobre todo a la ciudadanía, al poner en riesgo la salud de los pacientes". "En casos especialmente serios como el pie diabético puede derivar en graves complicaciones cuando son tratados por individuos sin titular y que, por tanto, no poseen ni dominan las competencias de un podólogo", han advertido.
"Esta práctica sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados, sino también y sobre todo a la ciudadanía, al poner en riesgo la salud de los pacientes"
La corporación ha mantenido recientemente reuniones con la Fiscalía en la que les pide a ellos y a las fuerzas de seguridad del Estado que incrementen los esfuerzos en la investigación y persecución de estos casos, dada la gravedad de las posibles consecuencias y la dificultad que para la obtención de pruebas tiene una institución colegial.
En este sentido, el jefe de la asesoría jurídica del colegio de podólogos, Antonio Sánchez, afirma que "el 80% de las denuncias del sector se refiere a prácticas de intrusismo, de las que la mayor parte no son investigadas, si el colegio no aporta las pruebas, lo que es sumamente difícil para una corporación profesional dadas las circunstancias en que se comete este delito".