Han pasado apenas cuatro meses desde que el Ministerio de Sanidad, junto al Ministerio del Interior y la colaboración de la Organización Médica Colegial (OMC), promovieran la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, dentro de las medidas policiales destinadas a frenar las agresiones a profesionales sanitarios y recogidas en un protocolo.

La figura, en sus distintas versiones, asesorará a aquellos centros sanitarios que lo soliciten para activar medidas de seguridad de prevención y reducir así el riesgo de agresiones

Desde entonces, hasta ocho comunidades autónomas ya han informado de su creación. Se trata de una figura que se encargará de asesorar a aquellos centros sanitarios que lo soliciten con el objetivo de poner en marcha medidas de seguridad que sirvan para prevenir y reducir el riesgo de que en estos entornos se produzcan agresiones a profesionales, ya sean físicas, psíquicas o verbales.

Hasta el mes de septiembre, eran cuatro regiones las que se adelantaron. En concreto, Cantabria, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha informaron de su creación. No obstante, la mayor aceleración se ha producido en el mes de octubre ya que Baleares, Castilla y León, La Rioja, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta han manifestado que ya disponen de esta nueva figura.

SIMILARES ACTUACIONES

La primera autonomía que se adelantó fue Cantabria, cuya actuación se centrará en establecer un marco para reforzar la prevención e investigación de la comisión de ilícitos penales a profesionales sanitarios en los centros médicos. A continuación le siguió Extremadura, que es la tercera región donde más agresiones se producen en proporción al número de médicos colegiados.

La mayoría de las CC.AA. han optado por fijar dos agentes, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para establecer una comunicación más fluida con los profesionales sanitarios

En Andalucía fueron más allá al proponer que cada provincia contara con un interlocutor y que otro coordine. Por su parte, en Castilla-La Mancha crearán esta figura junto a un catálogo y una clasificación de centros sanitarios en función de su riesgo de acción delictiva.

Desde Baleares insistieron en una comunicación “más fluida y regular” entre profesionales para conocer sus principales preocupaciones. En Castilla y León, apuntaron que los hospitales y centros de salud se coordinarán con dos agentes, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por cada provincia, quienes actuarán tanto en la ciudad como en el medio rural.

Una de las últimas en incorporarse ha sido La Rioja, región que también ha optado por incorporar un miembro de la Guardia Civil en la comunidad y un Policía exclusivo para Logroño. Se trata de una medida parecida a la que han incorporado en Galicia, ya que también serán dos agentes quienes velen por un mayor contacto con los cuerpos de seguridad en caso de agresión. Por último, Ceuta ha informado que será un inspector de la Policía Nacional quien atienda las preocupaciones y dificultades que encuentren en cada zona o área.