La consejera de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, ha hecho balance este jueves de su gestión durante los dos primeros años de legislatura. La consejera ha destacado así que más de un millón de personas se han beneficiado de las ayudas al copago farmacéutico y 19.600 han recuperado la asistencia sanitaria. Además, según recoge EFE, su departamento prevé sacar hasta 18.000 plazas sanitarias mediante Ofertas Públicas de Empleo (OPE) hasta 2019.
“La Generalitat valenciana no podrá mantener ni las instalaciones, ni el equipamiento técnico, y mucho menos, los sueldos de los profesionales que actualmente trabajan en este departamento”, ha alertado la asociación.
Como muestra de ello, la asociación recuerda que, según han denunciado en los últimos días diversos colectivos, la Generalitat mantiene actualmente una deuda de 200 millones con las farmacias, que los retrasos en los pagos han dejado a 300 pacientes con enfermedades mentales sin programas de reinserción y talleres de empleo, “y que los empleados de los centros de menores recuerdan a las autoridades que los niños necesitan comer”.
Por otro lado, acaba de hacerse público cuánto tardan en pagar las comunidades autónomas a sus proveedores, y el Gobierno valenciano tarda el doble que la media. “Si la media de las regiones es el pago a los 23 días, en la Comunidad Valenciana pagan a 53 días, sobrepasando por mucho los 30 días establecidos como tope e incumpliendo la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria”, aseguran desde Sanitat Sols Una.
LA FIGURA DEL INDEFINIDO NO FIJO
En este sentido, el colectivo ha recordado que tampoco la figura de los “indefinidos no fijos” que la consejera Montón anunció para los trabajadores, está contemplada en la legislación salvo por sentencia judicial.
“Con este panorama, ¿cómo es posible que el Gobierno de Ximo Puig se plantee acabar con las concesiones sanitarias en general y con el modelo Alzira en particular, que según el Informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat ahorra un 25% a la Administración Pública?”, se pregunta la asociación.
Los profesionales defienden que “la Generalitat valenciana no podrá mantener ni las instalaciones, ni el equipamiento técnico, y mucho menos, los sueldos de los profesionales” de La Ribera en caso de que se produzca la reversión
Frente a ello, sin embargo, la asociación Sanitat Sols Una, formada por profesionales sanitarios y ciudadanos que defiende el modelo Alzira, han recordado la“precaria situación” de las arcas del Gobierno valencianode cara a la anunciada reversión del departamento de salud de La Ribera. “La Generalitat valenciana no podrá mantener ni las instalaciones, ni el equipamiento técnico, y mucho menos, los sueldos de los profesionales que actualmente trabajan en este departamento”, ha alertado la asociación.
Como muestra de ello, la asociación recuerda que, según han denunciado en los últimos días diversos colectivos, la Generalitat mantiene actualmente una deuda de 200 millones con las farmacias, que los retrasos en los pagos han dejado a 300 pacientes con enfermedades mentales sin programas de reinserción y talleres de empleo, “y que los empleados de los centros de menores recuerdan a las autoridades que los niños necesitan comer”.
Por otro lado, acaba de hacerse público cuánto tardan en pagar las comunidades autónomas a sus proveedores, y el Gobierno valenciano tarda el doble que la media. “Si la media de las regiones es el pago a los 23 días, en la Comunidad Valenciana pagan a 53 días, sobrepasando por mucho los 30 días establecidos como tope e incumpliendo la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria”, aseguran desde Sanitat Sols Una.
LA FIGURA DEL INDEFINIDO NO FIJO
En este sentido, el colectivo ha recordado que tampoco la figura de los “indefinidos no fijos” que la consejera Montón anunció para los trabajadores, está contemplada en la legislación salvo por sentencia judicial.
“Con este panorama, ¿cómo es posible que el Gobierno de Ximo Puig se plantee acabar con las concesiones sanitarias en general y con el modelo Alzira en particular, que según el Informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat ahorra un 25% a la Administración Pública?”, se pregunta la asociación.