Más de un millar de empleados públicos, entre ellos profesionales sanitarios, se han concentrado en varias ciudades de España para reclamar una subida salarial y por una mejora de las condiciones laborales. Así lo ha asegurado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato encargado de convocar dichas concentraciones.
En sus reivindicaciones aclaran que si el Ministerio de Hacienda quiere negociar con ellos nuevos acuerdos laborales para incorporarlos a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos deben recoger una serie de medidas “que den carpetazo a los años de recortes por la crisis económica”.
Por ejemplo, inciden en la necesidad de que se aplique “una subida salarial notable”. De hecho, exigen que los funcionarios públicos deben “recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010”, el cual cifran en un 20%. De esta manera, solicitan a Cristóbal Montoro, que sea más ambicioso en su reciente propuesta de incrementar el salario de estos empleados, subida que prometió iba a ser “mayor” al 1% de 2017.
Otros sindicatos profesionales como CESM o Satse han exigido que la subida salarial para los profesionales sanitarios debe ser superior al 4,5% y al 6% respectivamente
En esta misma línea se han situado otros sindicatos profesionales. Es el caso del Sindicato de Enfermería (Satse), quien ha reclamado un incremento salarial superior al 6% en 2018 debido a las “necesidades de los miles de profesionales enfermeros y fisioterapeutas que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de en torno al 30%”. Mientras, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha expuesto que no aceptarían una subida inferior al 4,5%.
Por su parte, UGT ha solicitado una subida salarial “dentro de un acuerdo plurianual” que permita “una recuperación significativa del poder de compra perdido por los de los empleados públicos, cifrado en más de un 13% desde 2010”. Este sindicato, junto a CC.OO., han exigido que la subida salarial esté ligada a la productividad. Además, exigen que al porcentaje correspondiente se sumen “un 1,5% más por recuperación del poder adquisitivo”.
35 HORAS Y OPE
Además de esta subida salarial, los manifestantes han reclamado otras mejoras laborales. Entre ellas, la derogación del decreto que impide negociar la jornada de 35 horas o la eliminación de los descuentos en la nómina por incapacidad temporal. Finalmente han priorizado la Oferta Pública de Empleo (OPE) para que se permita “avanzar en la recuperación de los puestos de trabajo destruidos durante la crisis”.