El juzgado de lo Penal número 1 de León ha condenado a un año de prisión y tres de inhabilitación por un delito de homicidio por imprudencia profesional cuando era MIR de primer año por confundir un ictus con artrosis en una paciente de 78 años, según informa este jueves El Defensor del Paciente en un comunicado.
El documento señala que la mujer, con antecedentes isquémicos, acudió al Servicio de Urgencias el 11 de febrero de 2011 tras sufrir un síncope donde la mandaron a casa con el aviso de volver si empeoraban su estado. Cuatro días más tarde, la paciente sufrió una pérdida de la fuerza en el lago izquierdo y no era capaz de caminar, por lo que un médico de Primaria acudió a su domicilio para valorarla.
Éste facultativo anotó en el informe de Urgencias del día 11 sus sospechas ante la posibilidad de que la mujer hubiese sufrido un ictus ese día, por lo que avisó al Servicio 112 y la derivó al Hospital. Cuando llegó a Urgencias, la paciente fue atendida por la médica que por aquel entonces era MIR y que hoy está condenada.
La MIR no tuvo en cuenta las historia clínica de la paciente y los informes de días anteriores.
Según indica Europa Press, a pesar de contar con el informe previo del 11 de febrero, en el que se incluían los antecedentes y las sospechas del médico de cabecera, la MIR no valoró los datos ni tuvo en consideración las advertencias por parte de las hijas de la paciente y, tras realizar una analítica y una radiografía de la rodilla emitió un diagnóstico erróneo: artrosis de rodilla.
Además, esta R1 no consultó su diagnóstico con la adjunta, por lo que su valoración no estuvo respaldada por ningún superior como es obligatorio en el caso de los residentes de primer año. Como resultado, la mujer falleció el 22 de febrero tras sufrir un derrame cerebral masivo derivado de las hemorragias en los días previos.
La sentencia condena a la acusa porque no efectúa las pruebas pertinentes con los datos que disponía y no consultó a su adjunta. Así, el fallo impone una condena de un año de prisión y tres de inhabilitación pero se circunscribe tal prohibición al Servicio de Urgencias. Por otra parte, día antes de la celebración del juicio el pasado mes de abril, la asegurado de la acusada indemnizó a las hijas de la paciente con 200.000 euros.